“Fui el único que estaba y vio todo”, dijo el gasista contratado por la administración para cambiar el regulador del edificio el día de la explosión. Fue este lunes en una nueva jornada del juicio oral y público por la tragedia de Salta 2141. Carlos García, uno de los 11 imputados en la causa, arrancó dando las condolencias a las familias de las 22 víctimas fatales y después explicó que no llegó empezar el trabajo porque la cañería se desarmó cuando intentó manipularla. Dijo que no pudo contener la fuga porque no podía ver ni oír. “No me escapé. Fui a pedir ayuda”, aclaró García y agregó que estuvo bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero que la paz la encuentra cada vez que va a rezar al lugar donde estaban los edificios.
Cómo fue
García fue el segundo gasista que trabajó en Salta 2141. Lo habían contactado desde la Asociación de Gasistas para decirle que se comunicara con Mariela Calvillo de la administración del edificio. Querían hacer un trabajo. Fue a la oficina de la mujer, donde le pidieron que cambiara el regulador porque no había buena presión y los vecinos sentían olor a gas.
Con el pedido, García fue a las oficinas de Litoral Gas en 24 de septiembre y Ayacucho para informarse de los requisitos técnicos para hacer el trabajo. Firmó el libro de entradas, fue a la oficina técnica y fue atendido por un inspector de apellido Vilas, quien le dijo que cierre la llave y lo cambie. García le preguntó si estaba seguro. No quería tener problemas. El empleado le contestó que lo haga. Fue un intercambio de palabras. Nada escrito. “Era la manera en la que se manejaba la empresa”, contó el imputado.
Días después Calvillo organizó una reunión de consorcio en un departamento. García fue para contar lo que iba a hacer y cuando. La mañana del 6 de agosto llegó al gabinete que estaba en el interior del edificio e informó que iba a cortar el gas. En el gabinete encontró una llave de corte muy antigua. “Era peligrosa por lo vieja. Son muy duras y se corre el riesgo que se rompan”, contó en la audiencia. Igual García la cerró hasta que hizo tope y fue a un departamento para ver si el gas llegaba. Comprobó que había disminuido, pero no estaba cortado del todo.
Entonces fue hasta la llave candado que está en los medidores de cada departamento, pero el gas seguía saliendo. Siempre según dijo García, la cañería incluía una llave de tapón lubricada una unión doble, un niple —caño que en los extremos tiene rosca y sirve para empalmar cañerías —, un codo, un regulador y otra unión doble. “En una de las uniones dobles que está en la parte superior del regulador quise hacer un venteo porque ahí el gas tiene menor intensidad y disminuye la presión”, recordó. Se arrodilló. El lugar era chico. Pasó la mano para sostener el caño y al tocar la unión doble en la parte superior se dio cuenta que estaba floja, como si la hubieran ajustado con la mano, no con una herramienta. «Cuando saqué la unión doble estaba agarrando toda la parte de la cañería y la otra unión doble se desarmó completamente”, relató.
Según García, después de que la cañería se desarmó él no tenía posibilidad de cerrar el suministro. Del caño empezó a salir un polvo que no lo dejaba ver y el lugar fue copado por un fuerte silbido. “Estaba ciego y no podía escuchar nada”, recordó el gasista. El hombre salió del gabinete para pedir ayuda para poder cerrar el gas. “Nunca desarmé el regulador como algunos han dicho. Nunca llegué a hacer la tarea porque no me fue permitido por el desarme de cañería. Salí afuera a pedir ayuda”, insistió.
Salida
De acuerdo con su relato, García salió a la vereda y le dijo a su ayudante que cortara la calle para que no pasaran autos y como no le daban respuesta telefónica fue hasta las oficinas de Litoral Gas para que lo ayudaran. En la esquina de Salta y Balcarce encontró un móvil policial y le contó a los policías lo que pasaba. “Les pedí que cortaran la calle y me fui hasta a la empresa, en San Lorenzo y Presidente Roca, donde me encontré con una guardia de Litoral Gas”, dijo. Cuando volvió a Salta al 2100 la explosión había ocurrido y empezó a buscar a su ayudante. “Pensé que estaba muerto”, cerró su declaración.
El 25 de julio de 2013 la vecina del 9 F del edificio de Salta 2100 llamó a Litoral Gas para reclamar por que se le apagaba el calefón. Le explicaron que si el problema era del regulador general el consorcio debía llamar a un gasista matriculado. Y si el desperfecto era en el regulador de su departamento “sólo lo podía tocar Litoral Gas”. Esa misma tarde leyó un cartel pegado adentro del hall donde anunciaban que habían cortado el gas. “Había enojo conmigo porque decían que era quien había denunciado la fuga de gas. Solo denuncié el problema en mi departamento. Llamé a Litoral Gas y me dijeron que lo cortaron porque detectaron una fuga y el edificio podía explotar”, contó este lunes la vecina en la audiencia del juicio por la tragedia del 6 de agosto de 2013.
Al día siguiente, siempre según dijo la mujer ante los jueces, vio al gasista José Luis Allala trabajando. “Salí a la vereda con él y me dijo que todo estaba atado con alambres”, recordó. Cuando Allala terminó ella le prestó su teléfono para que llamara a Litoral Gas. No estaban solo. Había varios vecinos. Una mujer dueña de unos de los departamentos le dijo a la vecina que se fuera.
Días más tarde, según contó este lunes, hubo una reunión de consorcio a la que no fue convocada porque ella alquilaba. El gas había vuelto a Salta 2141. “El problema era general. Todos los artefactos funcionaban al mínimo en todos los departamentos y decidieron cambiar el regulador”, agregó en su declaración.
El 31 de julio una nota pasó por debajo de su puerta. Le avisaban que iban a cambiar el regulador y que coordinara con un gasista matriculado para poner en condiciones el departamento. La vecina llamó a Carlos García (uno de los 11 imputados en la causa y quien manipuló el gabinete antes de la fuga de gas). Su número figuraba en la nota. Después de una nueva reunión de consorcio le llegó otra nota donde le avisaban de nuevo del cambio de regulador, pero le decían que el control de los departamentos no era obligatorio.
Más testigos
Este lunes también habló frente a los jueces el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Rosario. Habló sobre el correo electrónico que mandó Litoral Gas para romper la vereda, algo que, según dijo, no ocurrió. La arquitecta que hizo la inspección tras el pedido confirmó que nunca hicieron ese trabajo.
Mario Gauna es plomero y aún trabaja con el gasista José Luis Allala, quien hizo el primer arreglo en el gabinete para detener la pérdida de gas. Gauna estuvo con Allala cuando lo hizo. Le pidieron al gasista cambiar el regulador, pero había inquilinos y propietarios que no estaban de acuerdo con el presupuesto. “La administración decidió cambiar de gasista por el precio del cambio de regulador”, dijo y ratificó su declaración en la Policía.
Por último, este lunes prestó testimonio otra vecina que vio los caños en el gabinete en mal estado. Dijo que tenían óxido.
Viviana Leegstra, gerente del área técnica de Litoral Gas y otra de las 11 imputadas, hizo más declaraciones a los jueces. Aseguró que el gabinete no tiene que estar sobre la línea de edificación sino con acceso libre desde la calle y así estaba el del edificio. Agregó que no se abrió la vereda porque se solucionó la perdida de la válvula del bloqueo de servicio después de que fue lubricada por el reclamista y constatado por otro inspector de la empresa. Y por eso se cerró el reclamo. “Ninguna unión doble pudo estar floja porque si no hubiesen seguido las pérdidas. Eso se verá cuando declaren los peritos”, adelantó la empleada de Litoral Gas.
Sigue
García es uno de los 11 imputados en la causa por la tragedia de calle Salta. Comparte banquillos con Pablo Daniel Miño (ayudante de García); Gerardo Luis Bolaño, Guillermo Oller y Luis Curaba (inspectores de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de la empresa); Viviana Beatriz Leegstra (gerenta técnica de la firma); Carlos Repuppili, Mariela Calvillo y Norma Bernarda Bauer (administradores del consorcio del edificio), y José Luis Allala, otro gasista que intervino días antes de la tragedia para reparar el gabinete de gas.
El juicio está a cargo de los magistrados Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva. La Fiscalía y la querella pidieron una misma pena –cinco años de prisión por estrago culposo agravado por muerte– con la excepción a excepción de Allala y Bolanios. Semanas atrás la fiscal Graciela Argüelles hizo un pedido de sobreseimiento. El juicio está previsto para concluir el 12 de junio. Este martes está previsto que hable el hermano de Debora Gianangelo, una de las 22 víctimas fatales. Es quien forma parte de la querella.
