Hace dos meses que una mujer no puede salir de su casa por una insólita orden que le prohíbe acercarse a una vivienda que queda justo enfrente de su domicilio. Más insólito es que su libertad ambulatoria fue restringida por efectivos policiales, quienes la notificaron por escrito de una medida que no cuenta con el aval de ningún funcionario judicial. El caso terminó en un litigio en los Tribunales provinciales y esta semana llegó a la Cámara de Apelaciones, que falló a favor de la mujer y ordenó que se admita el habeas corpus que una jueza de primera instancia había rechazado erróneamente. El tribunal de alzada pidió además que en esa audiencia se llame a declarar al jefe de la subcomisaría 2a, a dos de sus agentes subalternos y al fiscal al que le hicieron la consulta telefónica. El origen del conflicto vecinal fue una pelea letal entre perros.
Una fuente del caso dijo que todo empezó el pasado sábado 21 de abril cuando un perro se escapó de su hogar por una casa lindera, tomó la calle y se trenzó en lucha en la vereda con el can que vive en la casa de enfrente. Lo mató. A la dramática situación siguió una pelea entre vecinos que derivó en la intervención policial, que se llevó detenido al perro, a su dueña de 50 años, y a otros tres canes que vivían con ella en su casa de zona norte. La mujer estuvo incomunicada en la subcomisaría 2a cinco horas.
Durante la detención, los uniformados hicieron la consulta telefónica con el fiscal de turno, Germán Mazzoni, quien informó que no había delito porque había sido una pelea entre perros y ordenó la inmediata libertad de la mujer sin formación de causa. En relación con los cuatro caninos, el funcionario judicial dijo que se librara comunicación al Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y se le informara al juzgado de Faltas para que interviniera en caso de considerarlo necesario. Por motivos que ahora investiga la Justicia ordinaria, la Policía le devolvió la libertad a la mujer pero la notificó por escrito de una prohibición de acercamiento a la dueña del perro muerto, sin especificar plazo ni metros, que vive enfrente de su casa, bajo advertencia verbal de que, si incumplía la restricción, volverían a llevarla presa. Además, le secuestraron los cuatro perros y los llevaron al Imusa.
Luego de pasar dos días sin salir de su casa, la mujer tomó la calle con cautela y fue al Imusa a recuperar a sus mascotas, pero le dijeron que tenía que ir al Tribunal de Faltas. Primero pasó por la Fiscalía para pedir que le levantaran la restricción de acercamiento a la casa de su vecina porque necesitaba ir a trabajar. Ahí se enteró de que ningún fiscal había dictado la orden y le sugirieron que se acercara al juzgado de Faltas, donde con sorpresa un juez le dijo que no estaba enterado de nada. La mujer buscó ayuda en la defensa pública, donde una abogada presentó un habeas corpus por la restricción de acercamiento, y consiguió que le devolvieran a sus mascotas, que fueron identificadas con chip y el más cachorro además fue castrado. La mujer sólo se llevó a tres, ya que regaló el perro que había desatado el conflicto para menguar el malestar en el barrio.
Habeas corpus
La defensora pública Nora Gaspire patrocinó a la mujer en la presentación de un habeas corpus que rechazó la jueza de primera instancia María Trinidad Chiabrera. Según explicó a El Ciudadano Marcelo Marasca, a cargo de la dirección regional de prevención de la violencia Institucional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la magistrada le dio trámite al recurso al pedir informes al Juzgado de Faltas y a la Fiscalía, que negaron haber emitido restricción alguna sobre la mujer, mientras que la Policía informó lo mismo en forma verbal, pero se negó a ponerlo por escrito. “Hasta ahí no sabíamos si la orden era válida o no. La notificación tenía firma y sello de un oficial policial, pero desconocíamos quién la había dictado”, dijo Marasca. Pero al ser los informes negativos la jueza rechazó el habeas corpus. La resolución fue apelada por dos motivos, explicó el letrado.
En primer término, porque la jueza, al pedir los informes, le dio trámite al recurso, por lo que debería haber hecho la audiencia “sí o sí” y escuchar antes de rechazarlo, explicó. Y, como segundo cuestionamiento, el letrado dijo que la mujer, no pudiendo salir de su casa, tiene restringida su libertad ambulatoria, además de que la Policía le había manifestado que de incumplir la orden volvería a llevarla tras las rejas.
Sorpresa
La audiencia de Cámara tuvo lugar esta semana y fue presidida por el juez Guillermo Llaudet, quien según los defensores se mostró sorprendido por el rechazo del habeas corpus dispuesto por Chiabrera, y lo revocó. A su postura se opuso, sin éxito, la fiscal de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, Karina Bartocci. Es que el juez no sólo requirió que se realice la audiencia para darle oportunidad a la Policía que explique qué pasó, sino que ordenó que se cite al jefe de la subcomisaría 2a, al suboficial Jonatan Bonaldi y al sargento Galancino (uno por firmar la orden que recibió la mujer y otro por ser quien informó telefónicamente que se negaba a entregar por escrito el informe solicitado) para se explique en la audiencia a llevarse adelante, que todavía no tiene fecha. También citó al fiscal consultado.
