A casi seis meses de la media sanción en el Senado, el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos sigue frenado en la Cámara de Diputados, con el riesgo de quedar cajoneado y canjeado por una resolución afín a los intereses de la poderosa industria alimentaria concentrada que se opone a la norma. Con ese horizonte probable, colectivos profesionales y personalidades iniciaron campañas para contrarrestar el lobby corporativo. Una de ellas es la que encabeza la periodista especializada en el tema Soledad Barruti, bajo la consigna «No queremos comer mentiras».
La Cámara de Senadores votó el 30 de octubre de 2020 la el proyecto por 64 votos a favor y 3 en contra. La iniciativa, que cuenta con amplio apoyo de organizaciones civiles y asociaciones y colegios de nutricionistas, fue impulsada por los senadores mendocinos Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).
Los tres votos en contra en la Cámara alta fueron de dos representantes por Tucumán y otra por La Rioja, en defensa de la industria azucarera de ambas provincias que, de acuerdo a su criterio, se vería afectada con las nuevas disposiciones para etiquetar los alimentos. Es que el proyecto contempla, entre varias otros aspectos, agregar octógonos negros en los paquetes con advertencias sobre exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías, con la intención de brindar mayor información al consumidor y desalentar la compra de productos no saludables. Es una estrategia que ya se utiliza en muchos países, y apunta a sortear información confusa o de difícil interpretación para el consumidor. El formato y color de los carteles es, precisamente, para que no pasen desapercibidos en el diseño de los envoltorios.
«Hola, soy Soledad Barruti, soy periodista y hace años investigo a la industria alimentaria. Me preocupa que en Argentina no sepamos lo que compramos cuando vamos al supermercado: la información está escondida detrás de toneladas de publicidad. Pero eso puede ser muy distinto», inicia el texto con el que la especialista pide, a través de la plataforma change.org, sumar voluntades y balancear el poder de presión de la industria sobre los diputados.
«Contamos con un proyecto de ley de rotulado frontal de advertencias que ya obtuvo media sanción en el Senado. Por eso, le queremos pedir a los Diputados/as que le den un tratamiento conjunto y urgente», sigue Barruti en su pedido de sumar firmas.
«Necesitamos establecer un sistema de sellos negros que marquen los comestibles y bebidas procesados y ultraprocesados que tienen cantidades excesivas de azúcares, calorías, sodio y grasas. También los que tienen agregados edulcorantes y cafeína, sustancias no recomendables sobre todo para los niños», agrega la periodista, a tono con el reclamo de profesionales de la salud, en particular nutricionistas, respecto a la mala información sobre los ingredientes y sus consecuencias. Una de ellas, la creciente proporción de obesidad en niños, niñas y adolescentes.
Barruti explica en su interpelación que «estas etiquetas negras que emulan las señales de detención del tránsito facilitan el reconocimiento rápido y veraz de algunos de los ingredientes más problemáticos de nuestra dieta. Es un sistema probadamente exitoso en Chile, que también incorporaron Perú, Uruguay y México, siendo este último país el que más lejos ha llegado con la medida».
Estadísticas de un problema gordo
El texto recupera información estadística para destacar que en la Argentina son preocupantes: es uno de los países con mayor número de muertes atribuibles directamente al consumo de bebidas azucaradas (74 por millón). Y las estimaciones apuntan a que alrededor de 10 de cada 100 mil niños desarrollarán diabetes. El 80%, además, tiene caries.
Siempre según la información volcada por Barruti, los adultos en la Argentina consumen cinco veces más azúcar que el límite saludable recomendado por la Organización Mundial de la Salud (6 cucharaditas). Y los niños, diez veces más. «El 75% de ese azúcar está oculto en productos como galletas, cereales de desayuno, panificados, yogures y jugos y otras bebidas. Y no tenemos ninguna ley que exija a los fabricantes comunicar cuánta azúcar agregan. Para conocer ese dato hay que tener conocimientos técnicos específicos, que la mayoría no tiene», argumenta sobre la necesidad de los etiquetados.
Derecho a la información de lo que se come
A tono con los considerandos del proyecto de ley, señala que «el resto de los ingredientes (están) hoy ocultos en los empaques entre letras diminutas y contrastes imposibles, detrás de personajes y promociones que buscan llamar la atención de los niños, a quienes las marcas utilizan como clientes». Eso, en su criterio, vulnera el derecho a la información y a la alimentación adecuada. «Nadie puede estar al control de lo que desconoce», resume la idea.
La iniciativa concluye con el pedido de sumarse para que la ley finalmente sea aprobada: «No queremos comer mentiras, tenemos derecho a saber qué estamos comiendo. Por eso le pedimos a los Diputados de la Nación que cumplan con su deber y regulen a las marcas y les exijan etiquetas negras que establezcan claramente los agregados de sus productos. Les pido que me acompañen firmando y compartiendo esta petición para que se apruebe la Ley de Etiquetado de Alimentos que ya fue aprobada en el Senado».
