Gabriel Ganón asumió hace un año y medio como defensor público de la provincia y ese poco tiempo le bastó para quedar en el centro de todas las miradas. El funcionario, apercibido en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, retrucó con firmeza: dijo que “las deficiencias en el sistema de acceso a la Justicia son notorias” y que esa es una “responsabilidad histórica” del máximo tribunal. También lo criticó por lo que, entiende, es su voluntad de mantener “un poder autocrático”.
Con la reforma penal como trasfondo, el debate por el modelo judicial que se pretende para la provincia continuó también en la Legislatura (ver abajo), donde el oficialismo logró aval para 13 de los 14 pliegos de defensores que había enviado en agosto.
Entretanto, Ganón espera poder reunirse con los senadores para conversar con ellos acerca de sus funciones. La Corte había pedido que la Cámara alta interviniera en el pleito con el defensor; el funcionario ratificó su autonomía, pidió un encuentro con los senadores pero aún no tuvo respuesta.
No obstante, dijo que las reprimendas de la Corte acerca de sus incumbencias “es una discusión que está totalmente cerrada”. Y ratificó sus denuncias puntuales sobre casos de acceso a la Justicia: “Nosotros advertimos que este tipo de situaciones se estaban dando en la provincia”.
Ganón embistió contra el máximo tribunal de la Justicia santafesina: “Si la Corte entiende que yo no tengo que actuar, debería preocuparse porque otros funcionarios hagan lo que tienen que hacer. Desde hace un año y medio la provincia me está pagando un sueldo; cuando asumí, uno de los compromisos que manifesté en mi plan de trabajo, y lo dice la propia ley, fue la defensa integral de los derechos humanos”. “Si recibo un reclamo tengo que ser receptivo”, abundó. “No voy a aceptar la interpretación forzada que hace la Corte y darle la espalda a la ciudadanía que es la que está reclamando una intervención de mi parte, cuando me están pagando para hacer ese tipo de intervenciones”, añadió Ganón en diálogo con este diario.
—¿A qué atribuye esta polémica?
—Detrás de todo esto está en juego una discusión de fondo sobre la existencia de un órgano autónomo, en este caso el Servicio Público de Defensa. Me parece que la Corte no quiere que esto ocurra; no quiere perder cuotas de poder, quiere mantener un poder autocrático que decide de qué se habla, cuándo se habla y cómo se habla. Lo que más molestó a la Corte, sobre todo al sector que representa Rafael Gutiérrez, es que se pusiera sobre la mesa y se hiciera pública la existencia de situaciones de gravedad institucional, ya sea porque no ha habido defensa o porque se han violando integralmente los derechos humanos.
—Usted dice que el plan de trabajo que presentó choca con los intereses de la Corte.
—Por la actitud de la Corte, sí. La búsqueda de una defensa integral de los derechos humanos choca contra la voluntad de la Corte de decir cuándo, cómo y de qué va a hablar la justicia provincial. Las deficiencias que tiene el sistema de acceso a la Justicia son algo notorio y eso tiene que ver con una responsabilidad histórica de la Corte, por eso identifico claramente al sector que ideológicamente responde a Rafael Gutiérrez.
—¿Es algo personal?
—No, creo que es algo institucional. Acá está en juego una institucionalidad diferente que es la que pretendemos cambiar, la que pretende cambiar la ley (en referencia al nuevo Código Procesal Penal) y que no se puede cambiar porque hay una voluntad de la Corte de mantener su poder autocrático.
