Constanza Estepa y Marcelo Maisonnave
Especial para El Ciudadano
El caso de la Organización Barrial Tupac Amaru en el noroeste de nuestro país es crucial para poder comprender de qué se trata una persecución política a militantes sociales; no es casual que Patricia “Pachila” Cabana hoy esté privada de su libertad en razón de la sentencia de la causa “Pibes villeros”. Pachila fue quien nos recibió en el Cantri el día de nuestra llegada a San Salvador de Jujuy, es feminista y una de las referentes del colectivo nacional “Jallalla Mujeres”, que se dio cita durante los últimos días del 2018 en El Carmen, con el objeto de pedir por la libertad de todxs lxs presxs políticxs. Qué paradoja, Pachila organizó este encuentro en diciembre y hoy ella es una presa política del Penal de Alto Comedero.
La presencia del Cantri Tupac Amaru es notable en la capital jujeña. Las miles de casas, las plazas, los espacios culturales, educativos, fabriles y sanitarios, exhiben una dinámica plena de vida, a pesar del absurdo abandono gubernamental al barrio. La falta de inversiones oficiales es evidente, es testimonio de una comunidad golpeada, sí, pero bien despierta, en proceso de organización y ansiosa por recuperar derechos. Por ejemplo, ningún joven del Cantri quiere más ser discriminado, en la difícil hora de buscar empleo, por habitar “en el barrio de la Tupac”.
El objetivo del gobernador Gerardo Morales, desde el primer día de su mandato, ha sido desarticular, hasta la desaparición si fuera posible, a la Tupac Amaru. Para esta tarea requirió la inestimable colaboración de sus aliados en el Poder Judicial, en la clase política, de los grandes empresarios de la provincia (la familia Blaquier principalmente) y de la prensa local y nacional. Así, ha ido tejiendo una telaraña persecutoria, injustificable e indefendible desde los derechos humanos y la Constitución. ¿Acaso el gobernador ha logrado su objetivo? Definitivamente no, y nunca lo podrá hacer, porque atrás del nombre de Milagro Sala, hay una realidad: son miles y miles de personas las que luchan.
La cuestión en torno a las posibilidades de establecer mecanismos democráticos para la selección de funcionarios del Poder Judicial ha sido un tema recurrente en las demandas de cierta parte de nuestra población; el sistema de Justicia de la provincia de Jujuy (si aún podemos hablar de Justicia) no escapa de este contexto, ubicándose como una región profundamente desigual que materializa dichas diferencias en el ámbito de los Tribunales. Esa composición oligárquica, históricamente segmentada (en razón del color del piel) de la sociedad jujeña conduce a que quienes pueden acceder a los espacios de poder donde se dirimen y resuelven temas de implicancias políticas son parte de una élite arraigada en un grupo reducido de familias.
Los prejuicios en torno a la organización política de los sectores más desfavorecidos fueron permanentes a lo largo de las audiencias en las cuales participamos, en medio de los alegatos en “Pibes villeros”. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 se movieron dentro de un procedimiento profundamente ilegal, carente de pruebas, violentando una y otra vez los derechos fundamentales de lxs imputadxs. El convencimiento de los funcionarios judiciales en torno a que la lucha de la Tupac Amaru representaba actos delictivos sólo puede explicarse dentro de una estructura de sectores, uno al cual ellos pertenecen que teme perder sus privilegios si avanza la organización social.
No podemos completar una reflexión sobre Jujuy sin hablar del litio. Este mineral, presente en esta provincia y en Salta, está generando un fabuloso negocio que es aprovechado en la actualidad por empresas extranjeras. Milagro Sala ya ha denunciado esta situación, y ha propuesto en su lugar que se elaboren proyectos que realmente beneficien a la población local. En la Tupac saben que la arremetida contra su organización se relaciona en buena medida con “liberar la cancha” para avanzar en estos asuntos sin oposición.
“No sólo se trata de Milagro” es nuestra forma de describir y explicar una realidad donde se están vulnerando los derechos humanos de cientos de militantes sociales. La Tupac Amaru cometió un delito, no del tipo penal sino del tipo social: organizar a un colectivo de miles de personas humildes que luchan por sus derechos, no se resignan frente a las desventajas que azarosamente les valieron, ni aceptan las condiciones estructurales de desigualdad.
Abogadxs, Universidad Nacional de Rosario / Becarixs Clacso-Conacyt en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.
En la Revista Bordes del presente mes de febrero, publicada por la Universidad Nacional de José C. Paz, se incluirá una entrevista realizada a Milagro Sala en su centro de detención, entonces en El Carmen.
