Por Pablo Rivero / Télam
El defensor del médico traumatólogo Marcelo Macarrón, sometido a juicio como acusado de instigar el crimen de su mujer, Nora Dalmasso, cometido hace 15 años en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, aseguró que «no va a aparecer jamás prueba contra» el viudo porque «no existió» el hecho que le imputan, al tiempo que sugirió que el femicidio pudo ser utilizado para dirimir internas entre integrantes de distintos sectores políticos de esa época.
En declaraciones formuladas al concluir la quinta semana del juicio, el penalista Marcelo Brito cargó además contra el fiscal Luis Pizarro, el último instructor de la investigación, al considerar que «planteó una hipótesis absurda y fantasiosa».
«No va a aparecer jamás una prueba, no por arte de magia, sino porque jamás existió el hecho» que se le imputa a Macarrón (62), dijo Brito, al referirse a la acusación como presunto instigador del crimen de Dalmasso (52), cometido el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.
Para el defensor, la acusación del fiscal Pizarro, que describe un acuerdo de Macarrón con otras personas para asesinar a Dalmasso y la supuesta contratación de sicarios para cometer el hecho debido a conveniencias económicas y políticas, es un «absurdo».
Al respecto, aseguró que esas supuestas personas que participaron del acuerdo, al igual que los intereses políticos y económicos, «hasta ahora no aparecieron».
Para Brito, el proceso de instrucción «revela graves irregularidades durante la etapa de investigación, que fueron cometidas por cada uno de los fiscales» del caso, por lo que consideró que la requisitoria fiscal de elevación a juicio es «nula».
No obstante, explicó que no planteó la nulidad -aunque sí expuso esas supuestas irregularidades ante el jurado y tribunal de enjuiciamiento- porque su asistido le pidió ser sometido a juicio para demostrar su inocencia.
«Por encima de todo, está la voluntad de Macarrón, quien prefirió sentarse en el banquillo de acusados, que haya sentencia y se termine su persecución penal. Tenemos la certeza de su inocencia», destacó el letrado.
Brito agregó que el fiscal Pizarro tomó la misma prueba con la cual el fiscal anterior del caso, Daniel Miralles, persiguió penalmente a Macarrón como supuesto autor del crimen, por lo tanto «si antes estábamos pobres, hoy estamos en la miseria probatoria y eso es lo que claramente surge del debate».
En ese sentido, el defensor cuestionó a Pizarro por no haber cumplido con la responsabilidad de dar continuidad a la investigación para determinar lo que describe en la acusación, es decir, dar con los autores de ese presunto acuerdo para asesinar a Nora, con los supuestamente contratados para matar a la mujer y con quienes se beneficiaron con su muerte.
El defensor del viudo sostuvo además que en el juicio están emergiendo los «personajes» de la trama política del «invento de las historias», quienes, consideró, direccionaron la investigación por «minúsculos problemas políticos».
Entre ellos, Brito mencionó al entonces secretario de Seguridad de la provincia Alberto Bertea, al fiscal Pizarro y al abogado Daniel Lacase, representante legal de Macarrón en la primera etapa de la instrucción de la causa.
En 2005 Bertea era titular del Tribunal de Conducta Policial del organismo de seguridad provincial y tenía como secretario de esa institución al ahora fiscal Pizarro.
El abogado Brito no descarta la posibilidad de que Pizarro haya sido manipulado por Bertea para direccionar la causa hacia Macarrón, como una forma de atacar a Lacase.
Para el defensor, Macarrón está sentado en el banquillo de los acusados por un «armado político» entre Pizarro y Bertea para ver si podían tener revancha contra Lacase, ya que cada uno quiso mostrar «cuál era más poderoso políticamente».
Las confrontaciones políticas entre Bertea y Lacase vienen desde el gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem, cuando el segundo estaba al frente de la empresa de economía mixta Frigorífico del Sur.
Esa firma fue intervenida y Bertea fue designado al frente, momento en que promovió una denuncia en contra de su antecesor por irregularidades en la gestión que involucraron fondos por más de 100.000 dólares.
«La política no tuvo nada que ver con esta muerte. Nora fue víctima de un ataque sorpresivo cuando se dirigía al dormitorio. Fue atacada, violada y luego la ponen en la cama. No tiene nada que ver con la política», dijo Brito, quien no obstante sugirió que el crimen sí pudo ser utilizado para dirimir diferencias políticas.
El juicio por el femicidio de Dalmasso comenzó el 14 de marzo último y hasta hoy se llevaron a cabo 14 audiencias.
Está previsto que en las próximas a realizarse durante este mes sean citados a declarar como testigos el abogado Lacase y el empresario Miguel Rohrer, ambos señalados por los hijos de Macarrón (Facundo y Valentina) como «sospechosos» del hecho que no fueron investigados.
Rohrer, Lacase y el abogado Rafael Magnasco se presentaron espontáneamente en la causa durante la investigación y aportaron elementos de prueba para evitar ser incriminados.
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón instigó el crimen de su mujer motivado por conflictos matrimoniales y acordó con otras personas -aún no identificadas- su ejecución.
Para los acusadores, el viudo tuvo la intención de «obtener una ventaja, probablemente política y/o económica del estrépito de la eventual muerte».
El femicidio fue cometido entre las 20 del 24 de noviembre de 2006 y las 3.15 del 25, cuando el viudo se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este.
En ese momento, al menos una persona ingresó en la casa de la familia, situada en el barrio Villa Golf, de Río Cuarto, donde atacó a Nora y «la abordó una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda».
De acuerdo a la causa, el atacante la mató utilizando «el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación» y luego «ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona».