—¿Intentará repetir en la presidencia de la Corte?
—Siempre impulsamos la necesidad de cierta rotación. Y ese criterio lo sostengo, como también el de compatibilizar las posibilidades reales y el mejor funcionamiento del conjunto de la Corte. Las posibilidades que tengan todos los colegas de asumir la presidencia de la Corte, que tiene un condimento mayor de actividad, sobre todo física, porque tiene mucho desplazamiento, exigencias protocolares. Por mi parte, es una experiencia importante y armoniosa y estoy satisfecha.
—¿Cómo es la convivencia?
—Es excelente. Hay diferencias de opinión porque hay temas candentes, como se ve en la Corte nacional. Pero en los temas trascendentes hay acuerdos. Gracias a Dios la Corte también está al día, lo que facilita el funcionamiento.
—La reforma del Código Procesal Penal (C.P.P.) metió ruido entre los miembros, hubo fallos divididos.
—La reforma es un cambio muy importante, que también generó una tarea extra para la Corte. Hubo muchas discusiones. Eso en el marco de una transición que se está prolongando y genera sus propias dificultades. Surgieron nuevos organismos, como el Ministerio Público, y por eso estamos acoplando el funcionamiento a las nuevas disposiciones. Eso requiere una tarea de compatibilizar, y la Corte, más allá de las visiones particulares que a veces llevan largas discusiones, halló soluciones que son razonables.
—¿Cómo evalúa la implementación de la reforma procesal penal?
—Por parte de la Corte está todo al día. Los cursos de capacitación, la opción de los empleados. Es muy importante la participación de la Corte en la comisión interpoderes, donde encontramos un ámbito donde se expresan inquietudes y se saldan incertidumbres. La Corte ya tomó los exámenes para el concurso para la Oficina de Gestión Judicial que era lo último.
—Estamos en una etapa donde es clave de nuevo la intervención del Poder Legislativo.
—Mire, como Poder Judicial teníamos pendiente un número muy importante de cargos que necesitamos, más allá de la reforma. Y esos cargos no se aprobaron, entonces a nosotros nos quedó un bache y es muy bravo, son casi 280 cargos. Entonces hablamos para hacer algo transitoriamente.
Había una propuesta nuestra, como salida de emergencia, a partir de 26 cargos administrativos de jerarquía para aliviar el fuero laboral de Rosario y Santa Fe que me enteré el Senado ya aprobó.
—¿Qué opina del rechazo legislativo a algunos postulantes sin explicación alguna? Le pregunto por casos donde no surgieron cuestionamientos ni por antecedentes ni por idoneidad, que pasaron los concursos con jurados independientes y plurales, y sin embargo se los rechazó.
—En Santa Fe la decisión política de avalar las designaciones es resorte del Poder Legislativo que tiene criterios políticos con respecto a la designación, y uno debe ser respetuoso, guste o no guste. Soy respetuosa de eso y no tengo nada que decir. Uno desearía que no se cometieran injusticias a nivel personal, pero el sistema político institucional funciona así. Y para mí es así.
—¿El Poder Judicial considera alguna autocrítica sobre la parte que le toca al fuero penal en la crítica situación de la seguridad pública?
—Los jueces intervienen cuando el hecho ya se convirtió. Es decir que la inseguridad ya ocurrió, por decirlo así.
Si hubiera decisiones inapropiadas con respecto a libertades o desidias, debería ponerse el acento en concreto. Creo que el Poder Judicial de Santa Fe es muy criterioso en el análisis de las causas. No veo que estemos vinculados con la inseguridad…
—Le pregunto porque en hechos trascendentes aparece gente involucrada en causas anteriores, por delitos menores en algunos casos, y en otros, si bien no habían pasado por Tribunales, sus nombres e historia circulan públicamente, incluso en la prensa. Y aún así no parece dar lugar a investigación desde la Justicia.
—Lo que aquí vimos de algunos hechos trascendentes, en uno de ellos incluso hubo alguna declaración de un funcionario, pedí información por el sistema de consultas penales, y en realidad había un caso de lesiones leves, un delito de acción privada; y tenía una causa en trámite que era una tentativa de robo, no había causas que estuvieran pendientes y que tuvieran excarcelaciones por hechos graves. Nosotros controlamos esto, yo le pido al área penal de la Corte, por ejemplo, o cuando llegan expedientes, el legajo completo que nos aparece, y los datos que manejamos son datos buenos.
—¿No se necesitaría una Justicia más activa, que investigue más allá de un caso de lesiones? ¿No hay una posición demasiado pasiva en algunos jueces y fiscales?
—No lo descarto, pero no lo conozco.
—¿Cómo es la relación con el Poder Ejecutivo?
—Es la correcta, en buenos términos. Hay buena onda de trabajo. Ya en los últimos tiempos de (el ex ministro Héctor) Superti estábamos mejor.
—¿Por qué pidieron investigar el accionar del Defensor General Gabriel Ganón?
—Es muy claro. La Corte no tiene ninguna atribución respecto al doctor Ganón. Y tenemos uno o dos expedientes de jueces, y en especial uno de la Cámara Penal, que señalan dificultades en ciertas causas a partir de la intervención del defensor. Como no tenemos atribución no hay más remedio que enviarlo a la Legislatura.
—¿Tuvieron que ver las críticas de Ganón hacia la Corte?
—No, para nada, no le dimos ninguna trascendencia.
