Norma Ríos atiende el teléfono y dice que todavía se siente conmocionada. Piensa en las víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado que nunca pudieron sentarse ante un tribunal a denunciar las pesadillas a las que fueron sometidas. Ella, como presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) Argentina, pudo hacerlo el miércoles pasado y sintió “una responsabilidad enorme”.
El objetivo de la querella de APDH en esta nueva audiencia en la megacausa Feced fue aportar nueva documentación “sobre el andamiaje histórico, político y social que ayudó al camino del Juicio y Castigo en Rosario, además de referenciar la presencia de lucha de la APDH en la historia reciente del país”. En la causa se investigan los delitos que cometió la patota comandada por Agustín Feced -jefe de policía local durante la dictadura- en el ex Servicio de Informaciones (San Lorenzo y Dorrego).
“Los juicos son políticos, no solo judiciales, y mi objetivo fue contar la lucha política en la calle”, sintetiza Ríos. Cuenta que no le interesó ser catedrática porque ella es una militante de las calles. Su declaración no fue a título personal, destaca, sino como presidenta de APDH. Presentaron más de 60 documentos que acompañaron sus palabras. “Nadie va a cuidar los juicios mejor que nosotros, somos amigos del tribunal”, planteó.
Ríos realizó en su declaración un repaso histórico de la organización a la que pertenece. Hizo un recorrido por la defensa de los derechos humanos incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976 -a partir de las acciones del grupo parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)- y después del 10 de diciembre de 1983 -los delitos económicos cometidos contra La Vigil–. Señaló que el terrorismo de Estado sigue teniendo consecuencias en la vida de todos los argentinos y argentinas.
“La APDH es parte de la memoria del mundo, somos organismos consultivos en la ONU y la OEA”, resaltó el miércoles pasado. Contó que en 1978 publicaron una solicitada con la primera lista de personas desaparecidas del país, junto con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Fue también durante el Juicio a las Juntas que la APDH tuvo un rol importante acercando documentación histórica a la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). “Desde nuestra creación, el objetivo de la APDH fue hacer realidad la consigna juicio y castigo a los culpables de los crímenes más feroces de nuestro pasado reciente perpetrado por el propio Estado. Intentamos que el relato de la justicia refleje con la mayor fidelidad posible lo ocurrido durante la dictadura”.
La lucha más dura
La militancia de Ríos en APDH empezó en 1997. Recuerda de aquellos años la aparición en la escena pública de Hijos y la importancia de que hijos e hijas de personas desaparecidas o presas políticas tomaran con sus propias manos la lucha colectiva. También recuerda que los 24 de Marzo no eran marchas muy convocantes por aquel entonces, pero que desde APDH siempre trabajaron con el convencimiento de que, tarde o temprano, iban a lograr justicia: “Sabíamos que la única manera de llegar a Tribunales era si hacíamos política en la calle”.
“Hicimos todo lo posible, no era solo gritar en la calle, también hicimos todas las acciones que un Estado de Derecho tiene. Recurrir a la justicia es muy importante. Tenemos la obligación como organización de intentar todos los caminos”, explicó.
“La lucha contra la impunidad es la más dura que se da contra el poder”, expresó en su declaración. Señaló que fueron muchos padres, madres, abuelas y familiares que resistieron la política terrorista de la dictadura y que luego la impunidad se sostuvo a través de los distintos gobiernos constitucionales, no sólo porque los juicios tardaron en llegar sino porque “dejaron estatuido un sistema que todavía es genocida, porque todos los días seguimos perdiendo una persona por negro, por su gorrita”.
“Costó mucho entender todo el plan, toda la sistematicidad y que no eran brutos que torturaban”, declaró sobre los genocidas y cómplices de la dictadura. “Lo más terrible de estos hombres, es su terrible humanidad, que son como cualquiera de nosotros”, expresó en uno de los momentos que consideró más fuertes de su declaración.
En este sentido, recordó los escraches que organizó Hijos contra los genocidas. Consistían en el señalamiento público en el barrio donde vivían. Hablaban con vecinos de la cuadra y les explicaban quiénes eran los genocidas que vivían cerca de sus casas, les contaban lo que habían hecho durante la dictadura. Para ella estas acciones fueron fundamentales para hacer llegar a la sociedad las implicancias que aún tenían los genocidas en la vida cotidiana de todos.
Sobre los años del 76 al 83 señaló que “mataron fundamentalmente a la dirigencia que pensaba”, y destacó “la falta de odio en los testigos, es una decisión política, es la decisión de pedir justicia, cárcel común y perpetua”.
“Intenté que los demás se sintieran como me sentía yo, con esa conmoción”, concluyó sobre su declaración. La exigencia, en este contexto de aumento de prisiones domiciliarias para genocidas en todo el país, es que ningún condenado vuelva a su casa.
Feced III
La megacausa Feced es el juicio contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario durante la última dictadura. Su tercera elevación se inició el 5 de abril de 2018 –antes fue suspendido tres veces– y este año se reinició el 6 de febrero. La causa lleva el nombre Agustín Feced, ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la policía local en aquella época.
La Justicia imputó a Eduardo Ugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. También a Daniel González, Carlos Ulpiano Altamirano y el sacerdote Eugenio Zitelli, que ya fallecieron.
Los delitos incluyen privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos, abuso sexual y homicidios, todos en la categoría de delitos de lesa humanidad. No prescriben. La megacausa incluye 155 violaciones a los Derechos Humanos.
