Fabio Primo*
Desde hace unos años la agenda ambiental viene tomando cada vez más relevancia en la discusión pública. Esto puede verse en el crecimiento de la militancia ambiental en todo el país. También en alusiones a esta agenda en los discursos por parte de los principales referentes políticos del campo popular y progresista. Incluso más, la tendencia hacia lo “sustentable” está presente, ahora de manera insistente, en las publicidades televisivas y las redes sociales.
Ya sea por la creciente preocupación por el cambio climático que conocemos gracias de los informes anuales del IPCC; la notable participación de jóvenes que suman al activismo inspirados por las “huelgas climáticas” de Youth for Climate (movimiento iniciado por Greta Thunberg), o por la persistencia de las asambleas ambientalistas en varias provincias, las demandas socio ambientales llegaron para quedarse.
La manta corta
A finales de 2021 tuvieron lugar en nuestro país dos grandes conflictos ambientales que ocuparon por algunas semanas lugares de importancia en la agenda política nacional: las movilizaciones en Chubut contra la Ley de Zonificación Minera, y las denuncias contra el permiso gubernamental de exploración y explotación de hidrocarburos en las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca, que derivaron en convocatorias bautizadas como Atlanticazo.
En nuestro país, las luchas socioambientales cumplen casi dos décadas de conflictividad política, contando con organizaciones locales en diversas provincias que han demostrado verdadera gimnasia en la acción colectiva. Este creciente horizonte de las demandas ambientales emerge en un momento donde la soberanía nacional se ve gravemente condicionada.
La voluminosa deuda contraída con el FMI, herencia del gobierno anterior, sumado al profundo deterioro económico que padecen las grandes mayorías de nuestro país producen una diversidad de miradas sobre cómo abordar las tensiones entre Deuda Externa, Deuda Social y Deuda Ambiental, donde todavía no aparecen miradas de conjunto.
Un debate sin efectos conducentes
Lejos de esto, el debate nacional se polarizó entre posturas extremas y lugares comunes: “progres cavernícolas” contra promotores del desarrollo nacional; defensores del planeta versus “Ecocidas”. La escalada de los hechos políticos fue produciendo un hiato entre organizaciones ambientalistas y varios referentes del campo popular, además de dirigentes vinculados al actual gobierno nacional.
Entre estos últimos se observó un espíritu nostálgico de retorno a periodos de nuestra historia reciente donde el proceso de redistribución social de la renta producida por el sector primario ponía estas demandas de cuidado del ambiente en un segundo plano. Es cierto, hace una década, estas discusiones todavía no ganaban notoriedad.
Hoy día ya es inviable tal postergación de la agenda ambiental. El ambientalismo es indefectiblemente una sensibilidad que sintoniza con el tiempo que nos toca vivir, cual zeitgeist hegeliano. La sensibilidad ambiental enhebra en vínculo estrecho entre las preocupaciones de un presente aciago y nuestras expectativas respecto de un futuro cada vez más incierto. Incertidumbre que a las jóvenes generaciones les preocupa doblemente.
Una agenda popular para el ambientalismo
Entre quienes promueven como principal salida de la crisis la expansión de la frontera de actividades del sector primario y quienes se proponen vetar estas iniciativas se observan varias ausencias. En principio, la carencia de una discusión más profunda sobre las vías que debe adoptar un proyecto de desarrollo integral y la transición climática para nuestro país.
En segundo lugar, pero más urgente, la gestación de un programa social que desde el campo ambiental ofrezca posibles soluciones al flagrante estado de marginación, precariedad y exclusión social que aqueja a gran parte de nuestro pueblo. Los colectivos ambientales no podemos darle la espalda a la desigualdad, el desempleo y la pobreza.
Mucho menos naturalizarlas. Quienes viven en nuestras barriadas populares ya son sujetos de la conflictividad ambiental. Les toca convivir muchas veces con vertederos informales de residuos producidos en otros barrios, con un servicio de recolección deficiente, cuando no inexistente, sufriendo los perniciosos efectos para la salud de la quema de basura o la contaminación del agua y la tierra resultante del contacto con líquidos lixiviados.
Según informa el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático nacional, en Santa Fe existen más de 300 basurales a cielo abierto, la mayoría de ellos en las periferias urbanas y próximos a numerosos barrios populares. Con esta problemáticas también se enlazan las situaciones de los carreros y recicladores urbanos, largamente postergados.
La situación del sector de pescadores artesanales tampoco suele ser considerada dentro de la agenda ambiental, siendo hoy el principal afectado por la histórica bajante y la emergencia hídrica que atraviesa la región del Litoral. La prolongación de la crisis hídrica ha cortado el flujo de agua en varias arterias de la cuenca, derivando en la desaparición de lagunas y esteros.
Este es el lugar de desove para cientos de especies ictícolas. A estos problemas que ponen en riesgo el futuro de una actividad que involucra a más 2500 familias de pescadores en la región litoral, se suman las dificultades para el acceso a circuitos de comercialización, las limitaciones que imponen las vedas y una pandemia que aún sigue generando incertidumbre en un sector hasta hace poco muy invisibilizado para los diferentes niveles del Estado.
La necesidad de incorporar un potente programa de dignificación social
Podríamos agregar las demandas y condiciones de otros sectores de la agricultura familiar y las producciones agroecológicas. Este último muestra un enorme potencial tanto a la hora de mejorar la calidad alimentaria como la posibilidad de ofrecer producción para el abasto de centros urbanos, creando corredores de cercanías.
Este sector, además, ha mostrado importantes niveles de articulación en organizaciones confederales como el Encuentro de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Norte Argentino (ENCONA) y el Foro Agrario, Soberano y Popular en la zona del Litoral.
Con este breve cuadro de situación se puede decir que una agenda política ambiental que no incorpore un potente programa de dignificación social le estará dando la espalda a las urgencias y necesidades de nuestro país en la desafiante coyuntura que nos toca transitar.
*integrante de GRAL (Grupo de Reflexión Ambiental desde Latinoamérica)
