Mientras la Justicia define su futuro al frente del Banco Central, Martín Redrado acumula denuncias en su contra.
A la denuncia penal que le había iniciado el Gobierno por incumplimiento de deberes de funcionario público y de abuso de autoridad se sumó hoy otra presentación, esta vez de un director de la entidad monetaria.
Se trata de Marcos Moiseeff, que estaba a cargo de los litigios del Banco Central contra terceros y que el viernes último, cuando Miguel Angel Pese estaba al frente del BCRA había sido ascendido a subgerente de Asuntos Jurídicos.
Ese nombramiento fue desconocido por Redrado, que cuando reasumió en el Central lo reubicó en su posición original.
La presentación de Moiseeff recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.
Por otra parte, el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la denuncia penal que el Gobierno presentó contra Redrado aseguró esta mañana que la pesquisa que tiene a su cargo «atraviesa horas decisivas».
Además, el juez volvió a defender su decisión de habilitar la feria judicial para que se trate la denuncia del Gobierno. «Habilité la feria con motivo de lo resonante del caso», dijo el juez esta mañana desde la puerta de su domicilio.
El fiscal Marijuan solicitó ayer dos medidas para estudiar el tema antes de pronunciarse. Requirió que el Banco Central envíe toda la documentación con la que cuente vinculada con los decretos de necesidad y urgencia que Redrado se negó a cumplir, y pidió revisar si hay otras causas que investiguen lo mismo en manos de otros magistrados.
Estas medidas tienen carácter de «preliminares»; es decir, son previas a un eventual impulso de la investigación.
La denuncia que el Gobierno presentó contra Redrado es por un presunto mal desempeño, debido a que como titular del Banco Central se negó a cumplir de inmediato lo establecido por el decreto 2010/09, que instrumentaba la creación del Fondo del Bicentenario para pagar deuda pública con fondos de reservas.
Por otro lado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene a su cargo una denuncia penal por abuso de autoridad contra la Presidenta Cristina Kirchner y los miembros de su gabinete que firmaron el decreto 2010/09, que creó el «Fondo del Bicentenario» para el pago de deuda. En la causa interviene el fiscal Patricio Evers.
