A pocos meses de cumplir, en diciembre próximo, las tres cuartas partes de su gestión de cuatro años, el gobierno nacional todavía apela a hablar de la herencia recibida para avalar decisiones en materia económica. Una de las últimas veces que el argumento se utilizó, surgió como contrapeso de la apuesta más fuerte de la Casa Rosada: el retorno al Fondo Monetario Internacional. “Éste es el camino que nos va a permitir superar problemas que no solo heredamos del gobierno anterior, sino desde hace 70 años”, proclamó entonces, en mayo pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al confirmar el inicio de unas negociaciones cuyas consecuencias trascenderán el período de gobierno de Cambiemos e incluso puede que la propia existencia física del jefe de ministros. Y no sólo por el bono que se había lanzado 11 meses antes, pagadero a 100 años de plazo. En lo que va de la gestión de Cambiemos el gobierno emitió deuda a 2019, 2020, 2021 –año con granada: a mitad del próximo gobierno vence el préstamo con el Fondo–, 2023, 2025, 2026 y más. Sólo en el primer mes de 2018 se contrajeron 9.000 millones de dólares de nueva deuda, una parte a 5 años (1.750 millones), otra a 10 años (4.250 millones) y 3.000 millones a 30 años. Este último tramo es pagadero para el cumpleaños número 99 de Mauricio Macri.
“Son los datos que publica el gobierno, pero no se están emitiendo los informes. Suben las publicaciones de prensa, los datos sueltos, pero desde el año pasado no se emite un informe de la deuda”, advirtió el economista Daniel Guida, miembro de la Fundación Pueblos del Sur y uno de los autores, junto a Esteban Guida y a Marina Álvarez, del “Informe sobre la deuda pública argentina”. Se trata de un trabajo que compila y analiza lo que el gobierno está haciendo en los hechos, un nuevo ciclo de endeudamiento que no encontró límites todavía pero que ya está condicionando y acotando el margen de acción en política economía de las futuras gestiones, sean del signo político que sean, incluido el propio.
“Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer el seguimiento diario de las publicaciones y cerramos al 30 de junio con un informe sobre el endeudamiento. Son datos oficiales, pero de elaboración propia. Todos los gobiernos siempre tienen algún rezago, pero ahora se da mucho más”, advirtió el investigador.
El trabajo de los Guida, padre e hijo, y Álvarez, se publicó en fecha reciente y coincidió con la reaparición, por ahora escasa, de un término que remite a casi dos décadas y de ahí para atrás: “waiver” (dispensa) en algunos medios de información económica. Remite directamente a la negociación con el FMI, que acabó en unos de sus célebres stand by, a 3 años por 50.000 millones de dólares, e implica la suposición de que la Argentina no podrá hacer frente al compromiso, iniciando otro nuevo ciclo de refinanciaciones. “La deuda es una bomba de tiempo. No está pensada para cancelarla. Si uno ve los vencimientos de capital, nunca se pensó que se iba a pagar, y los que financian tampoco quieren. Quieren cobrar intereses y condicionar políticas”, resume Guida.
Planteado así, a contramarcha de su propio discurso, el gobierno nacional dilapidó la herencia recibida que tanto cuestiona, y que se había caracterizado por una fuerte reducción de stocks de deuda en relación con el producto interno bruto, vía el pago total al FMI y los dos canjes a la baja en 2005 y 2010.
A diciembre de 2015, el traspaso de gobierno se hizo con una estrategia de resistencia legal vía litigio frente a los bonistas que no ingresaron a los canjes –que venía soportando derrotas en los tribunales de Nueva York– y negociaciones avanzadas con el Club de París, el último de los acreedores institucionales que tenía la Argentina. El nuevo gobierno de entonces tomó el camino diametralmente opuesto: pagó con artificial urgencia a los holdouts y de inmediato comenzó a contraer nueva deuda.
A pesar de que desde su inicio la gestión de Macri se refirió a la herencia recibida como una pesada carga, la propaganda exterior de entonces hacía hincapié en lo contrario: según documentos oficiales reflejados en notas periodísticas el paper “Argentina: land of opportunities” (Argentina: tierra de oportunidades) resaltaba que el país contaba con “una economía robusta”, con “menos del 6 por ciento de desocupación” y destacaba la “baja relación deuda/PBI, del 13 por ciento”.
Aunque se refería a la deuda externa y no a la deuda bruta total (la primera había tenido su piso en 2012 al caer al 11,2% sobre el PBI y la segunda en 2011, con una reducción al 38,9% del PBI), nada de eso existe hoy. El trabajo de los Guida y de Álvarez ubica el ratio de deuda pública bruta contraída por el Estado nacional en el 87,9% del PBI (al 30 de junio de 2018) con un aumento de 30,8 puntos respecto del último registro (57,1 a diciembre de 2017). Y la deuda externa (empréstitos del exterior) al mismo plazo en el 37,4% del PBI, un 14,3% desde el último registro de 2017.
El marcado contraste se explica, según el informe, en una medida por el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI por los saltos del dólar: “El aumento del tipo de cambio generó que el PIB en dólares pase de 562.400 millones al 31 de diciembre de 2018 a 414.940 millones al 31 de marzo de 2018”, destaca. Y en otra por el aumento mismo de la deuda, que se acentuó a nivel de catapulta durante este año.
“El stock de deuda del Estado nacional aumentó alrededor de 43.767,3 millones de dólares en el primer semestre de 2018. El 60% de las emisiones están en manos de residentes extranjeros, y el resto en acreedores nacionales”, resaltan los autores del Informe.
“El hecho se agravaría todavía más si la Argentina recibiera el resto del préstamo preacordado con el FMI. En el caso en que la deuda pública bruta del Estado nacional ascendiera a 405.352 millones de dólares, el peso de la deuda representaría prácticamente el 100 por ciento del PBI”, advierten con gravedad los economistas Guida y Álvarez.
Pero eso no es todo: otra de las características del nuevo ciclo de endeudamiento es el aumento de la incidencia de privados y organismos financieros en el total. A diciembre de 2015, según marcan los investigadores, casi el 60% (57,2%) de la deuda pública bruta se adeudaba a agencias del Estado, el 12,1% a organismos y menos de un tercio, el 30,7% a entes o financistas privados. Ahora estos últimos dominan la mitad de la deuda: 49,5%; en tanto que el 12,7% tiene por acreedores a organismos externos. Con proporciones invertidas, al 30 de junio sólo el 37,8% de las acreencias están en manos de organismos públicos nacionales.
También sobre este punto, el empréstito del FMI oscurece el panorama. Para los economistas de la Fundación Pueblos del Sur al concretarse el desembolso el stock de deuda pública externa treparía a 195.700 millones de dólares, “cifra que representaría alrededor del 47 por ciento del producto interno bruto”, lo que hará a la deuda más insustentable y a la economía nacional más vulnerable.
El resultado político y social de la dirección emprendida difícilmente pueda ser otro que el que caracterizó a otros gobiernos en la historia, y que originalmente anunció en 1877 el entonces presidente Nicolás Avellaneda para los argentinos de su tiempo: “Economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros”.
Pero ni siquiera así, ni aun decretando hambre para hoy con algunas migas para mañana, el gobierno puede mostrar una luz al final del túnel. “A partir de 2010-2011, Argentina empezó a tener déficit externo comercial. Un problema fiscal agravado por la crisis internacional y porque la economía nacional no estaba configurada para seguir siendo competitiva. El gobierno anterior lo financió con gasto. Hubo déficit, sí, pero se hizo para sostener empleo. Es algo que hacen todos los países, pero no puede ser una política a largo plazo. Macri busca revertir el desequilibrio externo con una apertura total para sostener la industria competitiva. Hizo el ajuste por la producción y el trabajo, pero no en los inversores, que podían entrar y salir con la plata cuando querían. Así agudizó los desequilibrios, agravó, el déficit externo, agravó el déficit fiscal y le agregó el déficit cuasi fiscal del Banco Central con las lebacs. El Banco Central tomó deuda a cortísimo plazo para un control de la inflación que fracasó y sirvió para que los bancos se llenaran de plata y para promover este desequilibrio cambiario”, cuestiona Guida hijo, crítico de la gestión anterior, pero superlativamente más de la presente.
Es que para el economista, no hay duda de que el gobierno armó una trampa y se metió decididamente en ella. Lejos de la “tormenta” que Macri admitió minimizando la situación y atribuyéndola a factores externos, la situación es bien criolla: “Cuando los agentes económicos vieron que no había dólares suficientes para salir, para refugiare en moneda dura, comienza la corrida. Después de dos años y medio de especulación, todos empiezan a mirar dónde estaba el margen para llevarse: marzo tuvo el primer gran déficit de cuenta corriente, y la corrida empezó cuando se dieron cuenta de que no iba a proveer los dólares suficientes. La desconfianza no es política sobre el gobierno, es económica sobre el sistema”, sintetizó Guida.
—¿Y hay salida?
—Enfocar los recursos del país en beneficio de los argentinos. En cómo el país puede vender al resto del mundo productos a precios competitivos y comprar lo que no tiene. Reprimarizando la economía y sobre la base de la especulación financiara no se genera trabajo y el país se hace más vulnerable. Ganar en competitividad: no se usó un solo dólar de deuda nueva para eso, para invertir en infraestructura, energía, caminos, educación. Se financió el desequilibrio externo, una fiesta con deuda. A lo mejor la salida no será como se pensaba la década del 60, con acería, industria automotriz. Pero Argentina tiene grandes oportunidades en energías sustentables, biotecnología, turismo, industria cultural, satélites. Hay capacidad para eso, pero siempre pensando en que la gente tiene que trabajar, que hay que ocupar el territorio, recomprar las empresas extranjerizadas: la economía tiene que responder a un interés nacional. Cualquier escenario de salida va a ser costoso. El problema es que este gobierno quiere que el costo lo paguen los más humildes.
Las claves
El Informe de la Deuda Pública Argentina de la Fundación Pueblos del Sur advierte que al pasado 30 de junio la Argentina alcanzó un nuevo récord histórico de endeudamiento: 364.702 millones de dólares de deuda pública bruta (el total que debe el Estado nacional) de los cuales 155.053 millones se deben al exterior (deuda pública externa).
Sólo en el primer semestre de 2018 el gobierno contrajo 43.767,3 millones de dólares de nueva deuda.
Desde diciembre de 2015, cuando asumió, el gobierno emitió 124.037 millones de dólares de deuda.
La deuda externa creció un 144% en sólo dos años y medio: el gobierno “heredó” 63.580 millones de dólares y pidió 91.473 millones.
En diciembre de 2015 la deuda de corto plazo era de 14.940 millones de dólares. El pasado 30 de junio alcanzó los 44.401 millones.
La deuda se ubicó en el corte del informe en el 87,9% del PBI, 30 puntos más que a fines del año pasado.
En 2015 la deuda duplicaba las exportaciones (212,6%). A mitad de este año las cuadruplicaba (431,1%).
El endeudamiento compulsivo de la gestión de Cambiemos no impulsó el potencial exportador ni el desarrollo. En cambio financió la fuga de capitales: 70.070 millones de dólares en dos años y medio.
