Los habitantes de Gualeguaychú reclamarán contra la pastera instalada en la costa uruguaya del río limítrofe.
Los habitantes de Gualguaychú volverán hoy, a las 13, a protestar contra la papelera finlandesa UPM (exBotnia) instalada en la ciudad uruguaya Fray Bentos, a siete años de la primera marcha.
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, que realizó la primera manifestación el 30 de abril de 2005, convocó a una nueva marcha al puente internacional General San Martín que une ambos países para reafirmar su reclamo.
De acuerdo con los organizadores, después de una oración ecuménica a cargo del obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, junto con representantes de otras religiones, los manifestantes marcharán hacia el punto medio del puente, donde se leerá una proclama.
Según los asambleístas, en sus 1.500 días de funcionamiento, la planta de celulosa arrojó al río «más de 30.000 toneladas de tóxicos», y a la atmósfera «más de 38.000 toneladas».
Además, «se fugaron, debido a derrames de tanques y roturas de equipamientos, una muy importante pero desconocida cantidad de licor negro, insumos y compuestos tóxicos por el sistema colector de pluviales».
«Los gobernantes dicen que el problema Botnia ya está superado, se avanza con un monitoreo inadecuado, inaceptable y viciado de nulidad, desde el Uruguay se continúa mintiendo y desde la Argentina se contesta con silencio», aseguró Ana María Angelini, una de las organizadoras de la protesta.
La planta de Botnia-UPM funciona en la ciudad uruguaya de Fray Bentos desde noviembre de 2007 y su instalación generó fuertes protestas en la provincia de Entre Ríos.
Entre noviembre de 2006 y junio de 2010, los asambleístas mantuvieron un corte total de la ruta internacional 136 que va desde Gualeguaychú hasta el puente internacional que desemboca en Fray Bentos.
En abril de 2010 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya dictaminó en una sentencia que Uruguay violó el Estatuto binacional del río Uruguay al autorizar la instalación de la fábrica sin informar antes a Argentina, pero consideró que no hay pruebas de contaminación, por lo que no ordenó desmantelar la planta, tal como exigen los manifestantes.
