Una vez más, las protestas no autorizadas en las principales ciudades de Rusia en reclamo de la liberación del líder opositor Alexey Navalny, terminaron con más de 5.000 detenciones y con denuncias del gobierno contra Estados Unidos por «burda injerencia».
Al mismo tiempo que las autoridades desplegaron a miles de policías antidisturbios en todo el país, instalaron vallas de seguridad y crearon largos cordones de camiones para evitar las concentraciones de manifestaciones, la Cancillería rusa volvió a apuntar a Estados Unidos como promotor de las protestas.
«La burda injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Rusia es un hecho probado, así como la promoción de falsas informaciones y los llamados a participar a acciones ilegales por parte de plataformas en línea controladas por Washington», denunció el ministerio en su página de Facebook, reprodujo la agencia de noticias AFP.
Aún no está claro si las manifestaciones opositoras fueron de la misma magnitud del fin de semana pasado, pero la organización OVD-Info, dedicada a monitorear las protestas en el país, ya informó que el número de detenidos fue superior: más de 5.000 personas en las principales ciudades del país, entre ellas más de 1.600 en Moscú y más de 1.100 en San Petersburgo.
Entre los arrestados, hay 82 periodistas según OVD-Info. Poco antes, el Sindicato de Periodistas de Rusia había informado sobre 60 arrestos de profesionales de prensa.
La Defensoría del Pueblo, no obstante, por el momento solo confirmó 120 arrestos en la capital, según la agencia de noticias Sputnik.
Una de las manifestantes detenidas en Moscú es la esposa de Nalvany, Yulia Navalnaya.
En un video difundido por redes y relatado por Sputnik se ve cómo policías antidisturbios la detienen cuando encabezaba la columna de manifestantes que marchaban hacia la prisión donde está su esposo en Moscú.
Navalny fue detenido a mediados de enero ni bien aterrizó en el país desde Alemania donde se recuperó de un cuadro de envenenamiento.
Desde el primer momento, el opositor acusó al gobierno ruso de envenenarlo. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin aseguró que cuando salió del país no tenía rastros de ningún veneno y, por lo tanto, no puede abrir una investigación en Rusia.
Según el gobierno ruso Navalny, de 44 años, fue detenido porque durante su estancia en Alemania violó los términos de una condena en suspenso de 2014. Pero el líder opositor dice que esa fue una causa armada motivada políticamente.
En medio de este cruce de acusaciones, la presión de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) al Kremlin por este caso no para de crecer.
«Estados Unidos condena el uso persistente de tácticas brutales de Rusia contra manifestantes pacíficos y periodistas por segunda semana consecutiva y repite su llamamiento a liberar a quienes fueron detenidos, entre ellos Alexey Navalny», reclamó en Twitter el flamante secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.
En paralelo, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, aseguró en Twitter que deplora «las detenciones masivas» y el «uso desproporcionado de la fuerza» contra las manifestaciones opositoras en Rusia, una declaración que llega en la víspera del viaje que ya anunció a Moscú para los próximos días.
El Kremlin, en tanto acusa a estas mismas potencias occidentales de estar utilizando el tema para crear consenso alrededor de la imposición de nuevas sanciones al Kremlin, una posibilidad que las propias autoridades francesas reconocieron que apoyan.
Este domingo la Fundación para la Lucha contra la Corrupción, una ONG creada en 2011 por Navalny y calificada por las autoridades en Rusia como agente extranjero, le pidió al flamante gobierno de Joe Biden en Estados Unidos que imponga sanciones contra 35 ciudadanos rusos, entre ellos ocho muy cercanos a Putin, según la cadena de noticias CNN.
«La carta está dirigida al presidente de Estados Unidos, el país más poderoso. (Estados Unidos) tiene un historial de imponer sanciones a las personas involucradas en la corrupción. Si alguien puede hacer algo, es Estados Unidos», explicó Vladimir Ashurkov, director ejecutivo de la ONG.
Entre los ciudadanos señalados en la carta están el multimillonario Roman Abramovich, el ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, el presidente y el vicepresidente del banco VTB, Andrei Kostin y Denís Bortnikov; el titular de Agricultura, Dmitri Patrushev, el presidente de la corporación VEB, Igor Shuvalov, el periodista televisivo Vladimir Soloviov y el magnate Alisher Usmanov, según el canal estadounidense y el diario The Washington Post.
