El fiscal federal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derehos Humanos, Abel Córdoba, reveló que se concretaron nueve detenciones de militares en diferentes sitios de la Capital Federal y de la provincia de Neuquén, vinculados con el centro detención clandestino «La Escuelita» donde desarrollaban tareas como guardias durante la dictadura militar.
Cordoba explicó que «en las próximas horas podrían concretarse otras más», y preciso que se trata de nueve detenciones aunque en un principio se había informado que los detenidos eran diez que habian sido apresados por la Policía Aeroportuaria en distintos lugares.
«Todas estas personas habrían actuado como guardias en el centro clandestino de detención conocido como «La Escuelita» en Bahía Blanca», indicó Córdoba, para luego precisar que «la gran mayoría de las detenciones se produjeron en Neuquén, y las restantes en Capital Federal».
Cordoba dijo que «el accionar de este grupo de personas era encubierto, secreto y el momento de tomar contacto con las víctimas y testigos, no lo hacían con sus identidades sino con alias o apodos, por lo que hubo que realizar un importante entrecruzamiento de datos, testimonios, y documentación para configurar una prueba, o una hipótesis para imputarlos».
Por su parte, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca Eduardo Hidalgo, dijo que la detención de los nueve militares «es una gran avance para la causa», y puso de manifiesto «la enorme tarea de investigación y compromiso por parte del personal de la Policía Aeroportuaria, y del fiscal federal Abel Córdoba».
«Este grupo de militares era comandado por un teniente primero de apellido Videla, él era el jefe de la tropa de guardia de la escuelita, y todos funcionaban con apodos o alias, que ahora en el juicio se podrá determinar. Eran torturadores que entraban y salian del Centro de Detención», añadió Hidalgo, quien también fue detenido y torturado en ese sitio durante la dictadura.
El titular de la APDH de Bahía Blanca, comentó además que «a este mismo grupo también pertenecía un médico de apellido Streich, que años después que se iniciaran los juicios y se dictaran las órdenes de detención fue encontrado internado en un Geriatrico de Haedo (Buenos Aires) con serios problemas mentales».
«Y en esta misma banda actuaba ademas un personaje conocido con el alias de «El Zorro», quien me torturó a mí estando detenido en La Escuelita y me dejó al borde la muerte. Lamentablemente este personaje murió y nunca pudo pagar por sus delitos de lesa humanidad», expresó Hidalgo.
Por último el titular de la APDH de Bahía Blanca, dijo que «si bien hemos luchado contra 20 años de impunidad, por suerte hemos tenido jueces de Cámara o fiscales como Abel Córdoba que con su gran compromiso por los derechos humanos nos ayudan a mantener la esperanza de seguir sentando represores ante la justicia», finalizó.
Por otra parte el Gobierno nacional ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte datos sobre el Teniente Coronel (r) Guillermo Julio González Chipont, un represor que desde el año 2009 se halla prófugo de la Justicia, en el marco de una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Comando V del Cuerpo del Ejército, en Bahía Blanca.
A González Chipont se le imputan delitos de lesa humanidad a través de su accionar como «integrante de un Consejo de Guerra» en la órbita del Comando Vto Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca, durante la dictadura militar.
En ese sentido el fiscal Córdoba precisó que el pedido de captura nacional e internacional del represor «data desde junio del año 2009», tras lo cual «y luego de diferentes medidas solicitadas desde la Fiscalía, finalmente se dispuso el ofrecimiento de una recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre González Chipont».
Según se informó, la resolución que dispone el ofrecimiento de la recompensa de 100 mil pesos lleva el número 171/2010 y es firmada por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak.
El militar prófugo es requerido por el Juzgado Federal a cargo de Alcindo Alvarez Canale, quien lleva adelante diversas causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en el Comando del Vto Cuerpo de Ejército.
