Los resultados del informe solicitado al municipio por el concejal Jorge Boasso sobre quiénes eran los propietarios de los terrenos en conflicto situados en Nuevo Alberdi vieron finalmente la luz. Según destacaron desde la agrupación Giros –quienes se encargaron de difundir los datos– los números “son contundentes y no dejan lugar a dudas sobre prácticas monopólicas en la zona”. Desde la organización señalaron que, tal como venían denunciando, “sólo cuatro personas que conforman una única empresa, Cimar, son las propietarias del 70 por ciento de los terrenos del lugar”. Así las cosas, los integrantes de la ONG, quienes cargaron nuevamente contra el Ejecutivo municipal acusándolo de “mentiroso” y de “actuar en defensa de intereses privados”, volvieron a solicitar la expropiación de parte del territorio en pugna. Sobre esto último, el concejal socialista Edgardo Falcón, quien presentó hace un mes junto a otros ediles de su bloque un proyecto para declarar a una porción de esas tierras como zona especial y de interés urbanístico y social, dijo que la iniciativa está en “stand by” y que se buscará llegar a un consenso sobre el tema antes del recambio de intendente y ediles el 10 de diciembre.
Según detallaron desde Giros, “de los nombres y números oficiales que tiene el informe, hay dos datos sustanciales, ineludibles, que fueron el centro de la discusión sobre las tierras de Nuevo Alberdi: sólo sumando la cantidad de metros cuadrados que poseen cuatro personas, que a la vez forman parte de la empresa Cimar, la cuenta da 140 hectáreas. Así, encontramos a Mario Jáuregui, dueño de Cimar, con 20 hectáreas, Ciro Castagnino, otro de los dueños, con 42 hectáreas, Andrés Caffaro Rossi, socio de Cimar, con 30 hectáreas y el abogado de la empresa con 10 hectáreas. Es decir, cuatro personas que responden a la misma empresa poseen, tomando una referencia céntrica, la cantidad de hectáreas equivalente al cuadrante de las calles Moreno, Sarmiento, Córdoba y Pellegrini. Si a estas cifras, escandalosas teniendo en cuenta la escala de una ciudad, le sumamos la cantidad de metros cuadrados que poseen Cimar y empresas asociadas, como Sagan (perteneciente a Caffaro Rossi) y Primaeco, la cifra es de 2.160.549 metros cuadrados, el equivalente a 216 hectáreas”.
“Los 200 propietarios con los que (la secretaria de Planeamiento) Mirta Levin pretende concertar no son más que cuatro, que se beneficiarán de los más de 250 millones de pesos que se gastan en obras públicas para hacer de Nuevo Alberdi una zona urbanizable”, se remarcó más adelante.
Uno de los integrantes de Giros, Manuel Salinas, consideró el conocimiento de estas cifras como el “cierre de un ciclo”. “Se terminó la mentira que venía sosteniendo el Ejecutivo municipal cuando hablaba de minipropietarios en la zona de Nuevo Alberdi. Con este informe lo que queda en claro es que estamos ante un monopolio que es dueño del 70 por ciento de las 340 hectáreas que tiene la zona, lo que deja traslucir, tal como venimos denunciando desde hace mucho tiempo, una concentración de tierras más que importante”, destacó.
En un duro comunicado, Giros resaltó que “de parte del municipio, fueron cinco años de encubrimiento, declaraciones falsas, ausencia, silencio, necedad, escasa voluntad de escuchar a sus propios gobernados. Cinco años negando la existencia de monopolios intentando tapar la realidad con nefastos convenios que, hoy, con los datos definitivos que llegaron al Concejo Municipal y que ya forman parte de la información pública, se caen como un castillo de naipes. Una verdad que duele, porque responde a espurios intereses y da cuenta de la ya confirmada complicidad del municipio, nada más y nada menos, con quienes han hecho lo imposible para desalojar a 200 familias que viven y trabajan en la última zona de reserva rural que tiene Rosario. El resultado del análisis nos dice que la cantidad de mentiras que tuvimos que escuchar son poco menos que una tomada de pelo, lo cual genera una gran impotencia, porque significa gobernar por detrás de los intereses de las mayorías”.
“El municipio ha negado durante semanas públicamente esto, estuvieron directamente mintiendo y cubriendo al monopolio que es propietario de la mayoría de las tierras. Es por eso que a nosotros nos parece, y seguimos insistiendo con esto, que la única salida a esta situación es la expropiación de parte de los terrenos si uno tiene en cuenta la complicidad de intereses que hay entre el municipio y algunos inversores privados. Lo que nos queda ahora, y esperamos que pase eso, es que el Concejo tome las riendas de este asunto, pida la expropiación, y eleve el pedido a la Legislatura provincial para que esta se termine concretando”, continuó Salinas.
El referente de la agrupación recordó que “hay un proyecto del giustinianismo en el Concejo que pide declarar a la zona de Nuevo Alberdi como especial y de interés urbanístico y social”. “En esa iniciativa se pide avanzar en la expropiación de una determinada cantidad de hectáreas. Nuestra idea sigue siendo apoyarla, tal como lo venimos haciendo, y lo que estamos pidiendo es que se le agreguen algunas modificaciones como la zonificación de parte del lugar para que se le dé prioridad a áreas no inundables y a partir de allí comenzar con todo el proceso de expropiación”, remarcó.
Sobre esta iniciativa, Falcón subrayó que la misma está en “stand by” en este momento. “Lo que estamos buscando ahora es generar un consenso dentro del bloque socialista. Además venimos charlando del tema con Jorge Boasso y María Eugenia Bielsa. También tenemos presentado un proyecto junto con (Orlando) Debassi sobre convenios urbanísticos y plusvalía. La idea es tratar de consensuar esto antes del recambio del 10 de diciembre”, afirmó.
“El proyecto de convenios urbanísticos sería como un paraguas que serviría para abordar a futuro todos los proyectos que vengan en este sentido. Lo que pedimos es que se cree un departamento de plusvalías urbanas para que ya queden establecidas las reglas ante futuras inversiones y emprendimientos inmobiliarios. Entonces ya no sería algo discrecional entre el municipio y los inversores privados sino que quedarían establecidas pautas generales que servirían como marco. Hay algunos puntos en común que tenemos con los otros concejales y otros que debemos consensuar por haber diferencias. Nosotros tenemos un proyecto y el Ejecutivo otro”, concluyó.
