La investigación por juego clandestino que desató el escándalo en la Fiscalía Regional Segunda con sede en Rosario luego de que su titular Patricio Serjal, el fiscal a su cargo Gustavo Ponce Asahad y el empleado Nelson Ugolini fueran imputados por cobrar coimas al empresario del juego legal e ilegal Leonardo Peiti sumó un nuevo capítulo este martes con 11 allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en las localidades de Roldán y Puerto General San Martín. Los operativos que llamaron la atención fueron: en una oficina del coqueto edificio de Corrientes y la peatonal Córdoba, otro fue en un domicilio de Paraguay al 200 relacionado a Peiti y ya requisado en julio pasado y otro fue en la casa de Ugolini.
Las medidas judiciales tuvieron su origen en un pedido realizado por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli de la Agencia de Criminalidad Organizada. El objetivo fue la búsqueda de documentación de interés para el caso.
En tanto, los operativos fueron efectivizados por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y del Organismo de Investigación (OI-Policía Judicial) y se realizaron en forma simultánea.
Uno de ellos fue en un estudio contable del edificio de Corrientes 832, ubicado en el microcentro rosarino y fuentes relacionadas al caso identificaron el estudio contable con el nombre de Iparraguirre & Cicchitti.
Este operativo es el segundo que se produce en ese edificio ya que el 19 de septiembre pasado y por otra causa, las oficinas de la financiera Cofyrco fueron allanadas por compra de 17 mil dólares del ex barra y sindicado narco Marcelo “Coto” Medrano, que había sido asesinado una semana antes en Granadero Baigorria.
El otro operativo fue en la vivienda del empleado del Ministerio Público de la Acusación Ugolini, ubicada en Morrison al 8000 de barrio Fisherton. Este hombre es el único de los tres que se encuentra en libertad involucrado en el proceso pero en libertad, sus jefes Serjal y Ponce Asahad están cumpliendo prisión preventiva en la cárcel. También se realizó un nuevo allanamiento en el domicilio de Paraguay al 200, donde los pesquisas incautaron el 25 de julio pasado un pen drive a la secretaría de Peiti con anotaciones sobre el pago de coimas a personal policial y montos de la recaudación.
Aunque no brindaron mayores precisiones, los voceros remarcaron que las medidas tuvieron como fin buscar elementos de interés para la causa.
Los otros procedimientos fueron en domicilios ubicados en: San Sebastián al 1800 de la localidad de Roldán y en un edificio de Junín al 100, en el departamento 3 B de la localidad de Puerto General San Martín. En tanto, en la ciudad se sumaron a los ya descriptos: en Zeballos al 4600 y en dos vivienda del 4800, en Guido al 1200, en Carriego y San Juan y en Solís al 700.
Las fuentes relacionadas al caso señalaron que los fiscales solicitaron el secuestro de toda documentación y material de interés para la causa, dispositivos de almacenamiento electrónico, celulares y relevamiento de vehículos hallados en dichos domicilios.
La causa
La causa por juego clandestino comenzó con la investigación a una banda de extorsionadores, por la que está detenido como líder el lugarteniente de Los Monos Maximiliano “Cachete” Díaz, dedicada cometer balaceras y amenazas para cobrar por “seguridad”.
La pesquisa comenzó el 11 de enero pasado con la balacera contra los balcones de Moreno al 6400 del Casino City Center que terminó con el asesinato del gerente de la sucursal del banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino. Al quedar detenido Cachete y parte su banda se conocieron otros blancos de aprietes, entre ellos el empresario del juego legal y también sindicado en otras causa por el ilegal Leonardo Peiti hasta que se presentó a finales de julio pasado y declaró como arrepentido.
En su declaración describió cómo le pagaba coimas al entonces fiscal Regional Serjal, a Ponce Asahad y Ugolini. Los tres están imputados por llevaron adelante un plan criminal donde cobraron al empresario arrepentido entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de brindarle información que lo ayudara a lograr impunidad.
Como fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, Serjal estaba a cargo de 79 fiscales que trabajaban no sólo en el departamento Rosario sino también en Casilda y Cañada de Gómez donde Peiti tenía investigaciones por juego ilegal. Además, el empresario tenía abierta una causa en Melincué que pertenece a la Tercera Circunscripción del fiscal Regional Alejandro Sinópoli, asentada en Venado Tuerto.
Según la acusación, Serjal junto a su entonces fiscal adjunto Ponce Asahad y su empleado Ugolini diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero desde diciembre de 2018 de Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos, interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia o de otras, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti.
Por eso acusaron al trío de obstaculizar la investigación penal por juego clandestino a cargo del fiscal de Melincué Matías Merlo, quien tenía a Peiti en la mira, al informarle sobre la existencia de una investigación en su contra y de allanamientos que se iban a realizar. La filtración de esa información frustró las medidas en curso.
La pesquisa contra Peiti también dejó al descubierto locales de juego clandestinos en Villa Gobernador Gálvez y Rafaela, de donde había sido sindicado como el organización David Perona, quien falleció a los 42 años hace 15 días tras contraer coronavirus.
En esta última causa, interviene junto a los fiscales de rosario, su par Martín Castellano y donde también quedó en evidencia la red de complicidad policial que abarcó a altos jefes como: Juan Pablo Bengoechea, de 48 años, quien fue jefe de la Unidad Regional V (URV del departamento Castellanos y con asiento en la Perla del Oeste) y también jefe de la URII de Rosario en 2019; José Pérez, de 51 años, quien fue subjefe de la Policía de Santa Fe en 2016; Fabián Forni, de 57, ex titular de la URV, de la URIX de Reconquista y que pidió su retiro en diciembre de 2019; y Javier Gorosito, de 52, ex jefe de Orden Público de la URV.
A estos imputados se le sumó el único policía en actividad, se trata de Favio Aranda, de 39 años, quien fue titular de la Agrupación Cuerpos en la misma época que Bengoechea era el jefe de la Regional V.
Ahora los fiscales Schiappa Pietra, Edery y Paolicelli buscaron documentación sobre las causas de juego clandestino de Peiti y su entorno en un estudio contable del microcentro rosarino, en un domicilio relacionado al empresario y en la casa del empleado del MPA Ugolini junto a otras viviendas relacionadas a su entorno.
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