El proyecto de reforma del Código Procesal Penal, anunciado anteanoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de cadena nacional, fue ingresado ayer al Senado y comenzará a ser debatido en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta desde la semana próxima.
Según se informó oficialmente, el martes 28 de octubre desde las 15 se presentarán ante los legisladores el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez.
La iniciativa instala el sistema acusatorio que delega en el fiscal toda la investigación, oraliza los procesos, impone el plazo máximo de un año para las investigaciones, al tiempo que contempla la reincidencia para evitar excarcelaciones y la expulsión por 15 años de los extranjeros en situación irregular que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito, entre otros puntos.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, indicó que “se trabajará todo el mes” y que “se intentará tenerlo aprobado antes del cierre de las sesiones ordinarias”, durante la última semana de noviembre.
Pichetto ponderó la iniciativa al argumentar que “se empezará a utilizar el sistema acusatorio que es un reclamo de los principales especialistas y de la propia doctrina”.
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, recordó que el tema se está debatiendo “desde abril de este año” a partir de proyectos presentados por senadores de la oposición y del oficialismo.
“Hay un amplio consenso para modificar el Código Procesal Penal”, indicó Guastavino, para luego reconocer que el proyecto enviado por el Ejecutivo será tomado como base para la discusión.
En tanto, el salteño Rodolfo Urtubey recordó que el nuevo Código no entrará en vigencia “hasta tanto no se debata una ley que establezca su implementación”.
“Los tiempos de implementación del nuevo Código están relacionados con leyes posteriores que serán discutidas el año próximo o el otro”, destacó el oficialista salteño.
El nuevo Código establece la creación de una Comisión Bicameral que debe estudiar leyes que serán enviadas por el Ejecutivo, que versarán sobre su implementación.
Respaldo oficialista
Referentes del oficialismo respaldaron ayer el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por la presidenta Cristina Kichner al Congreso, entre los que se destacó el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien sostuvo que “es una hijaputez increíble” decir que a la mandataria “no le preocupa” la inseguridad.
“La idea de querer distorsionar, hacer aparecer como que a la presidenta no le preocupa la inseguridad, es de un grado de hijaputez increíble, para decirlo de una forma clara”, sostuvo el funcionario nacional al criticar a algunos sectores de la oposición y de los medios de comunicación.
En ese sentido, el precandidato presidencial del FPV señaló que “está muy claro que mejorar la seguridad ciudadana es una preocupación del gobierno” y destacó que las modificaciones propuestas por el oficialismo en los procedimientos penales son “medidas para combatir el delito”.
“Cuando la presidenta habla de que la inseguridad tiene mucho marketing, no lo hace con el sentido de creer que no hay problemas vinculados con la inseguridad. Todo lo contrario, utiliza la cadena nacional para mandar una reforma al Código Procesal Penal para mejorar y combatir el delito”, subrayó Randazzo en diálogo con Radio América.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, chicaneó a los bloques opositores en el Congreso al asegurar que “deberían aprobar muy rápidamente esta iniciativa porque todo el tiempo pedían una reforma de esta naturaleza”.
En su conferencia de prensa diaria en la Casa de Gobierno, el funcionario denunció además una “acción política alevosa tendiente a confundir a la ciudadanía” sobre los alcances del proyecto y aseguró que es “falso” que se promueva una “gran amnistía y prescripción de varias causas”.
“La Argentina tiende a partir de esta iniciativa a la modernización, sustituyendo el sistema inquisitorio por el acusatorio; la actuación de investigación se promueve a través de fiscales; se pretenden mecanismos de celeridad, oralidad, transparencia. Las causas que tenían vigencia preexistente continúan con el mismo esquema”, subrayó.
Finalmente, el diputado nacional Carlos Raimundi consideró que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal “es un avance extraordinario” que “está hecho para la gente”.
La oposición, dividida respecto al proyecto
La oposición se mostró ayer dividida respecto al proyecto de reforma del Código Procesal Penal que envió el Ejecutivo nacional al Senado. Mientras la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, llamó a la oposición a no “legitimar la impunidad” con ese proyecto, el diputado del Frente Renovador Sergio Massa y legisladores del macrismo se manifestaron “de acuerdo” con la iniciativa.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó ayer “coherencia” a la oposición para “aprobar rápidamente” el proyecto “porque es lo que pedían”, y desde el oficialismo acompañaron la iniciativa al menos tres precandidatos presidenciales: los ministros del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y de Defensa, Agustín Rossi, y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
En tanto, Carrió pidió a todo el arco opositor dejar en soledad al gobierno cuando trate en el Congreso el proyecto y justificó ese pedido en que los legisladores no kirchneristas “no” pueden “legitimar la impunidad” que se buscaría con el nuevo texto legal. Se apunta a “la impunidad y el manejo (de las causas) por (la Procuradora General Alejandra) Gils Carbó. La votó la oposición, pero no tendríamos que haber tenido a esta fiscal”, reprochó la aspirante presidencial por el Frente Amplio Unen.
Massa por su parte, afirmó: “Estamos de acuerdo en herramientas que permitan expulsar a aquellos inmigrantes que cometan delitos y terminar, como lo planteamos el año pasado, con la puerta giratoria y las trampas procesales”, e ironizó: “Cuando propuse algo similar desde el oficialismo me trataron de facho”. Con todo, puso reparos en la iniciativa de darle más poder a las fiscalías, por lo cual adelantó que planteará que el “Parlamento tenga control sobre el funcionamiento” de los fiscales.
En tanto, el diputado por Unión PRO Pablo Tonelli anticipó que su bloque acompañará la iniciativa porque “va en el buen sentido, en el camino correcto”. El legislador macrista destacó la posibilidad “de acortar los tiempos, reducir las incidencias y agilizar los procesos penales” y también admitió coincidencias en relación a la expulsión de extranjeros “siempre y cuando sean para los que están en condición irregular, que ya es una condición para la expulsión”.
A su turno, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, afirmó ayer que su partido está a favor del cambio del sistema inquisitivo al acusatorio y sostuvo que le “gustaría” consensuar con el oficialismo el nuevo Código Procesal Penal, para poder acompañarlo en el recinto.
“Nos gustaría llegar a un consenso y sacar este Código”, dijo el senador nacional por Mendoza en conferencia de prensa en el bloque de la UCR, junto a los legisladores Gerardo Morales, Mario Negri y la presidenta de la Convención Nacional, Lilia Puig de Stubrin.
Mientras, desde el oficialismo, Rossi pidió “generosidad” a la oposición y que participe del debate parlamentario. Y Scioli pidió que “los legisladores logren el consenso necesario para poner a la Argentina a la vanguardia”.
Santa Fe saluda y comparte
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, expresó ayer, en relación al envío al Congreso de un nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que “toda reforma procesal que acerca la justicia a la gente es saludable y la compartimos”, y subrayó: “En la provincia de Santa Fe no sólo cambiamos el Código sino todo el sistema de Justicia penal”.
El nuevo modelo –acusatorio, oral y público– comenzó a regir en Santa Fe el 10 de febrero pasado en forma definitiva aunque se venía implementando gradualmente en el marco de las políticas de transformación de los sistemas judiciales en Santa Fe.
Lewis fue consultado ayer sobre el anuncio que formuló la presidenta y en declaraciones a la prensa manifestó: “Saludamos y compartimos la iniciativa, es el camino que hay que recorrer”.
Sobre el proyecto, Lewis dijo: “Sabemos que tendrá características acusatorias, vale decir muy similar al que tiene la provincia en este momento. La Justicia de Santa Fe tenía una lógica inquisitiva, que es la que en buena medida rige a nivel nacional. En otras palabras, el que prepara el juicio es el juez de instrucción, mientras que en la lógica acusatoria el fiscal investiga y el juez decide”. Lewis subrayó que en el actual esquema el juez es un tercero que no está comprometido con una hipótesis acusatoria ni defensiva, entonces el fiscal y el defensor tienen que convencerlo de sus hipótesis.
El ministro santafesino aseguró que “hay que aprovechar estos cambios procesales para acercar la administración de justicia a la gente, para dotar al sistema de justicia de mayor claridad, eficacia y transparencia. Que el trabajo de los funcionarios judiciales no sea de espaldas a la ciudadanía sino de cara a la ciudadanía”.
Lewis explicó que “al tener más poder los fiscales, por su rol de acusadores, pueden plantear investigaciones inteligentes, esto es más desburocratizadas y con coordinación entre los hechos investigados o con otros hechos, lo que sirve mucho para abordar los delitos más complejos y que se repiten. Lo que se intenta es generar herramientas más modernas para combatir el delito”.
