Habitantes de los terrenos fiscales cercanos al megaemprendimiento inmobiliario Puerto Norte cortaron de nuevo, este jueves, avenida Caseros pocos metros hacia el norte del túnel Celedonio Escalada. Los manifestantes reclaman que el Estado se haga cargo de –expresaron– la situación de unas 70 familias. El conflicto por ese predio tiene ya dos resoluciones judiciales contrarias a la pretensión no ya de los que manifestaron cerca del cruce con avenida Francia, sino de un empresario gastronómico que en nombre de ellos aduce ser propietario de esas codiciadas 2,8 hectáreas.
“Nos queremos ir, pero de la mano de nuestro empresario, de nuestro abogado, y naturalmente de la mano de los inversores», dijo este martes Ramón, que se presentó como uno de los vecinos en protesta. Esas singulares menciones del hombre reflejan una trama compleja. La Municipalidad y la Nación, a través de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), negociaron la cesión de esos terrenos ubicados sobre avenida Caseros, entre Junín y avenida Francia, para emplazar allí un nuevo desarrollo urbanístico. En ese derrotero, hubo reuniones con los ocupantes, algunos asentados desde hace décadas, para su traslado a nuevas viviendas que el Ejecutivo local prometió construir. En 2016, apareció un nuevo actor y todo se complicó: Gabriel Mana, dueño del emprendimiento El Tortero, se presentó ante la Justicia federal –jurisdicción que corresponde porque el terreno es nacional– como el titular de esas hectáreas. Esgrimió para ello unos documentos de «cesión de derechos y acciones posesorias» que firmaron unos 50 habitantes del lugar a cambio de promesas de otra vivienda o dinero. Algunos de ellos, luego, admitieron que no sabían a qué texto le habían puesto su rúbrica. La argucia, sin embargo, estaba lanzada, aunque no recorrió un largo camino.
“Nosotros tenemos posesión hace casi 30 años. Esperamos una respuesta de la intendenta (Mónica Fein) y nos vamos a quedar acá hasta las 18 o 20. La otra vez cortamos un rato y nadie nos atendió”, advirtió otro de los manifestantes. Él y sus vecinos mantenían cortado un acceso clave que conecta el norte con el centro de la ciudad, y que obligó a la presencia de agentes policiales y de Tránsito para ordenar los desvíos de autos particulares y colectivos.
Los planteos del gastronómico Mana no prosperaron en los Tribunales. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó a principios de enero último un fallo de primera instancia de febrero de 2017, por el que la magistrada Sylvia Aramberri había rechazado la demanda del Fideicomiso del Alto, detrás del cual está el empresario de ascenso económico vertiginoso a partir de la década del 90. El creador de El Tortero le reclama al Estado nacional la «prescripción adquisitiva» de los terrenos en su favor, y ante los dos traspiés judiciales adelantó que apelaría ante la Corte Suprema de la Nación. En ese contexto, vecinos asentados en el predio de la discordia, que también incluye el edificio de la ex embotelladora Trechel, luego cooperativa, volvieron este martes a reclamar una «solución» junto, como dijo uno de ellos, a «nuestro empresario, nuestro abogado y, naturalmente, de la mano de los inversores».
Por el momento, el predio sigue bajo la jurisdicción nacional. En un principio lo gestionó la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif, que se hizo cargo de lo que quedó tras la privatización de Ferrocarriles Argentinos). Quedó, tras la disolución de ese organismo, en manos de su sucesor AABE, que junto al municipio trabaja para regularizar la situación habitacional de las familias y definir el uso del espacio. El sitio está nombrado como Unidad de Gestión 3 en el master plan de urbanización diseñado hace unos años, que al calor de cambios políticos y económicos sufrió varias modificaciones.
