El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe salió al cruce de los dichos del ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sobre los menores de edad que terminan involucrados en hechos delictivos y la actuación de la Justicia. También sobre la necesidad de control sobre la actuación de los magistrados y funcionarios judiciales. Desde el organismo que nuclea a los jueces dijeron que el ministro intenta desviar el foco de atención con el fin de diluir responsabilidades y disimular el déficit en las políticas a su cargo. En cuanto a los controles al poder judicial, el presidente del Colegio, Gustavo Salvador, dijo que «pareciera que Pullaro intenta erigirse en el gran controlador de los operadores de justicia”.
El ministro Pullaro había dicho que “si no se actúa y se cambian algunas cosas, los menores van a seguir matando”. Aunque descartó que la solución sea “bajar la edad de imputabilidad”.
En un comunicado, el Colegio de Jueces mostró su desacuerdo con los dichos de Pullaro. El escrito recalca que “nuevamente el funcionario intenta desviar el foco de atención en torno a cuestiones que son propias de la cartera que él conduce tratando de endilgar al Poder Judicial responsabilidades que claramente no le corresponden. Se advierte una evidente estrategia discursiva tendiente a diluir su responsabilidad y disimular los déficits e inconsistencias que son perceptibles en las políticas que están a su cargo”.
El presidente del Colegio de Magistrados explicó que nadie desconoce casos puntuales donde hay personas menores de edad que están involucrados con hechos ilícitos pero si desde un caso concreto se intenta generalizar y desviar el abordaje responsable de la cuestión de la responsabilidad penal juvenil “flaco favor se le está haciendo a tratar de desentrañar el problema».
En la cuestión de la responsabilidad de los menores, si hay una última respuesta que tiene que tener es la punitiva. La cuestión de los menores es un segmento que tiene que ser abordado desde distintas ópticas, desde el punto de vista social, educacional, de la inclusión, de la vulnerabilidad y en última instancia si el menor, por todas estas cuestiones incurre en un hecho delictivo, ahí sí es donde entraría en juego la actuación del Poder Judicial, expuso Gustavo Salvador .
A ello sumó que el código procesal penal de menores, que es aplicable sólo a adolescentes en conflicto con la ley penal entre los 16 y los 18 años, está esperando su reforma en la legislatura. El magistrado dijo que el Colegio ha interactuado profundamente en la confección de distintas normas que son parte de este código procesal, dijo.
Salvador explicó que lo que se ve es «la no asunción de las responsabilidades que corresponden a las carteras que tiene incidencia sobre la cuestión».
“Acá hay una Secretaría de Niñez que depende de Desarrollo Social que tiene que hacerse cargo de todo lo que representa la situación del menor, ya sea antes de ingresar al conflicto con la ley penal o con posterioridad al mismo. Antes estaba el IRAR y fue cambiado en su nomenclatura. Hay un abordaje interdisciplinario y tiene que haberlo pero hay cuestiones que escapan a la órbita del Poder Judicial con lo cual reclamarle lo que no es de su incumbencia es desviar el eje del problema”, dijo.
Finalmente detalló que el control a los jueces existe, está instituido por una ley “pareciera como el que el ministro intenta erigirse en el gran controlador de los operadores de justicia”. Hay una ley de enjuiciamiento que es la ley 7050, normativas específicas respecto del control interno que tiene los fiscales a través de las auditorías y el externo por las cámaras de la legislatura.
