Alejado de momento el riesgo de una catastrófica cesación de pagos, las atentas miradas del gobierno de Estados Unidos se centran ahora en otro enorme desafío, la aprobación de la reforma de la legislación que regula el sistema migratorio que el presidente Barack Obama definió como “quebrado”.
“Deberíamos terminar el trabajo de arreglar nuestro quebrado sistema migratorio”, dijo Obama el jueves, enumerando su lista de prioridades para el resto del año, entre las que también figuran las negociaciones para aprobar el presupuesto del año fiscal 2014, postergadas hasta fin de año, y una ley agrícola.
El Senado, dominado por los demócratas, adoptó en junio un proyecto de reforma migratoria en un texto que prevé fortalecer la frontera con México y acordar, bajo condiciones estrictas y tras no menos de trece años de tramitación, la nacionalidad estadounidense a personas que vivan ilegalmente en el país.
Sin embargo, la reforma quedó estancada en la Cámara de Representantes, dominada por republicanos hostiles a cualquier medida que represente una “amnistía” a los indocumentados.
Pero el escenario se modificó, ya que la dominante bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes salió profundamente dividida del episodio del cierre del gobierno federal, ante el fortalecimiento del grupo ultraconservador ligado a la facción denominada Tea Party.
Analistas coinciden en apuntar que el cierre del gobierno federal no tuvo vencedores, pero que la bancada republicana en la Cámara de Representantes fue el principal perdedor, por el enorme desgaste de su imagen ante los estadounidenses.
Por ello, sabiendo que los republicanos tendrán que dedicarse ahora a juntar los escombros de su reputación y recomponerse ante la opinión pública, Obama y los sectores que defienden la reforma migratoria presionan para que la cuestión llegue al plenario para ser votada.
Tras manifestaciones en 160 ciudades el 5 de octubre, miles de personas se congregaron en Washington el 8 para una marcha que terminó con decenas de detenidos frente al Congreso, incluyendo ochos legisladores.
Los indocumentados que esperan su legalización en Estados Unidos alcanzan a 11 millones de personas.
