El gobierno presentó ayer el balance del proceso de saneamiento, privatización y liquidación del ex Banco Provincial: un detallado informe basado en documentos oficiales, en el que se hilvanan cada uno de los pasos que dieron los sucesivos funcionarios públicos entre 1991 y 1998, cuando finalmente la entidad pasó a manos de la Banca General de Negocios de los hermanos Rohm. El proceso de saneamiento que debió hacer la provincia para poder vender el banco costó, a valores actuales, 4.387.856.171,75 pesos: unos 1.100 millones de dólares.
La presentación del informe estuvo a cargo del ministro de Economía, Ángel Sciara, y del secretario de Hacienda, Carlos Fernández. Si bien los funcionarios aclararon que el objetivo de la investigación fue conocer el proceso en detalle y no buscar responsabilidades políticas, de la lectura del informe –titulado “La privatización del Banco de Santa Fe. Historia y consecuencias económicas”– surgen los nombres de Carlos Reutemann y Juan Carlos Mercier –gobernador y ministro de Hacienda, respectivamente, en el período 1991-1995– como iniciadores del proceso y aparecen también mencionados Jorge Obeid, Hugo Garnero y Omar Perotti –gobernador, ministro de Hacienda y ministro de Agricultura y Ganadería, respectivamente, en el período 1995-1999– como los ejecutores de la privatización.
Sciara evitó hacer declaraciones de tinte político. “Lean el documento”, les dijo a los periodistas cuando lo consultaron sobre las responsabilidades que les podrían caber a los ex funcionarios del Ejecutivo provincial. “Me limito a pedirles que lean el documento, que está claramente escrito para que cada uno saque sus conclusiones. Nosotros no estamos buscando irregularidades; estamos describiendo el proceso histórico que se siguió para que nos quedemos sin banco”, añadió el titular de la cartera de Economía. Más allá de la moderación del ministro, el informe salpica a Reutemann, Obeid y sus respectivos gabinetes; dos de esos ex funcionarios –Mercier y Perotti– competirán en las primarias del 22 de mayo para tratar de quedarse con la candidatura a gobernador por el PJ.
En la conferencia, tanto Sciara como Fernández hicieron hincapié en la forma en que se entregaban los créditos durante los años previos a la privatización. Y explicaron cómo se dividió el negocio: la provincia separó los mejores activos y pasivos y los puso bajo la órbita de la llamada “unidad de negocios”, que es lo que luego se privatizaría. En cambio, los créditos incobrables o de difícil recupero –categorías 3, 4 y 5– quedaron a cargo del fideicomiso del Nuevo Banco de Santa Fe. A casi 15 años de esa operación, la provincia recuperó sólo el 29,77 por ciento de esos pasivos sin contar los gastos de gestión necesarios para lograr el cobro, con lo cual el porcentaje final se reduce.
Además de remarcar la política de créditos de la entidad, que en el período 1991-1994 generó una fuerte disminución de su patrimonio, los responsables del Ministerio de Economía señalaron que lo más paradójico no es el resultado económico final –una erogación de casi 1.100 millones de dólares del erario público para que la provincia se quede sin su principal herramienta financiera– sino el procedimiento por el cual se avanzó hacia la privatización. “Lo que más impacta es el procedimiento, la forma y la rapidez con que se hizo”, confesó Sciara. “Comparado, el resultado económico termina siendo algo anecdótico”.
Por su lado, Fernández explicó que el proceso se dividió en dos partes. La primera se inició en 1991 con la sanción de una ley que permitía incorporar inversores privados al banco. Así, el ex Banco Provincial pasó a llamarse Banco de Santa Fe Sapem (Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria). Ya bajo el gobierno de Obeid se dio el segundo paso: la sanción de otra ley por la cual se autorizaba el ingreso de socios privados con capacidad para controlar la mayoría del paquete de acciones. Fue entonces cuando se creó el Nuevo Banco de Santa Fe SA y, dividido el viejo banco en una unidad de negocios lista para ser vendida y un fideicomiso que se haría cargo de los créditos de difícil cobro, el gobierno provincial pudo avanzar hacia la privatización definitiva, que se concretó en 1998.
El proceso de saneamiento duró doce años. El 30 de julio del año pasado se canceló la última cuota del préstamo tomado en 1998 por el Estado santafesino con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias –por un total de 163,7 millones de dólares– para privatizar la entidad. En aquel momento, el gobierno se comprometió a dar un cierre definitivo al proceso de liquidación de la entidad. El martes último fue presentado y aprobado el balance en la asamblea de accionistas del Banco de Santa Fe Sapem y ayer el Ministerio de Economía hizo público esos números.
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