Roberto Silva, nuevo titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), es socio del estudio de abogados porteño Marval O’Farrell Mairal, el mismo que se menciona como uno de los redactores del mega DNU, pero además está vinculado con una, también mega, estafa: asesora a Promotora Fiduciaria, que junto a Wenance SA estafó a más de 10 mil inversores por un monto superior a los 35 mil millones de pesos. El abogado Alejandro Liporace ya le pidió a la Oficina Anticorrupción que exima al flamante funcionaro de intervenir en cualquier asunto que involucre a Promotora Fiduciaria.
«Roberto E. Silva (h), forma (o formó) parte del Estudio Jurídico que asesora a una sociedad (que él hoy controlará) al encontrarse la misma registrada bajo el N° 13 del Registro Nacional de Fiduciarios Financieros y que perjudicó junto a Wenance S.A. a más de 15.000 inversores por más de $35.000 Millones, en el marco de la operación de distintos fideicomisos financieros», dice la denuncia.
Por eso, denunciante Liporace pidió a la OA que suspenda a Promotora Fiduciaria del Registro de Fiduciarios Financieros de la CNV «por la vinculación con el Estudio Jurídico en donde el Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto E. Silva (h), se desempeña/ó inmediatamente antes de asumir».
Wenance ofrecía créditos a clientes no bancarizados, pero dejó de pagar intereses y no devolvió el capital que le habían confiado sus inversores. Promotora Fiduciaria SA debía administrar el fondo fiduciario, y era la que realizaba las transferencias de los intereses cuando impactaba la cobranza de los créditos. La sociedad se encontraba inscripta en la IGJ (Inspección Genereal de Justicia).
El modelo de negocios de Wenance se basaba en prestarle dinero a la base de usuarios de menores recursos con intereses altos. Por otro lado, tomaban fondos de inversores grandes y ahorristas –que reunía en fideicomisos privados y sin control de los entes reguladores– y les prometía retornos muy por sobre el promedio del mercado.
El conflicto tomó relevancia cuando en agosto último la División Antifraudes de la Policía Federal allanó al CEO de Wenance, Alejandro Muzsak, en su domicilio de la Avenida del Libertador, en Palermo, por órdenes del Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, Tierra del Fuego, por una causa por estafa centrada en fideicomisos de la empresa.
La PFA ingresó también en Promotora Fiduciaria (PF), en la avenida Maipú al 1300, donde secuestraron los libros contables. El empresario Martín Santiago Albacens, presidente de PF, se encuentra bajo investigación. Entre el material secuestrado en los procedimientos, hay un mail que Albacens habría enviado a todos los clientes de Wenance en el que aseguraba que Muszak y su entramado comercial “se la quedaron toda”.
Tras destaparse las irregularidades, Wenance envió telegramas de despido a unos 200 empleados, les reconoció la crisis y le echó la culpa de la situación al Gobierno de Alberto Fernández. “Notificamos que prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha, atento a la grave situación económica que transita la empresa, la que impide la continuidad del vínculo. En consecuencia, su indemnización será abonada a la espera de algún ingreso de dinero que lo permita”, dicen los telegramas.
