Nunca antes como ahora se estuvo tan cerca de la posibilidad de habilitar una reforma de la Constitución de Santa Fe. Los primeros contactos formales promovidos desde el Poder Ejecutivo se iniciarán en noviembre, quizás diciembre, una vez que baje la espuma de las elecciones, siempre proyectando a 2014. La diferencia con otras oportunidades en la que todos los sectores iban y se sacaban la foto para no dejar la silla vacía, pero entraban a las reuniones con el “no” de antemano, es que ya existe y está en práctica un piso de acuerdo político transpartidario, que es el que construyó Antonio Bonfatti con grupos de la oposición para gobernar durante cuatro años con minoría en la Legislatura.
Ésa bien puede ser la plataforma de consenso para una hipotética reforma constitucional. Sería cuestión de ensanchar un poco más esos acuerdos básicos hasta alcanzar 13 de los 19 votos del Senado y 35 sobre 50 en Diputados.
Plataforma de gobernabilidad
El 11 de diciembre de 2011 el horizonte para Antonio Bonfatti era un solo nubarrón. Asumir con las dos cámaras legislativas en contra era una experiencia institucional inusual en Santa Fe, justamente la provincia en la que los constituyentes del 62 diseñaron un sistema de mayoría automática para garantizar esa gobernabilidad por la que nadie daba ni dos pesos aquel día inaugural de 2011.
El gobernador resolvió el entuerto sentando a la mesa del poder a los senadores, dándoles un rol protagónico en la película de la gobernabilidad. A cambio, los senadores tienen acceso a obras, comunicación abierta con funcionarios de primera y segundas líneas para resolver gestiones, espacio en algunos rincones del Estado y recursos económicos para sus territorios, no sin que esto genere fricciones entre socios radicales y los socialistas más encumbrados del gobierno. La UCR es la pata con peso geográfico de la coalición gobernante. Sus presidentes comunales y dirigentes departamentales disputan palmo a palmo en cada pueblo y ciudad con peronistas a los que los senadores les abren puertas y facilitan gestiones.
No fue lo único que cedió Bonfatti. Tuvo, además, que levantar el pie del acelerador de algunas de las reformas emblemáticas iniciadas en 2007. Por ejemplo, aplicó un no innovar, al menos hasta 2015, en el plan de descentralización política-administrativa de la provincia. Los senadores del PJ siempre vieron ese proyecto como una herramienta del gobierno para derrumbar su supremacía territorial.
Para esos senadores del PJ, el camino que Bonfatti les propuso fue una bendición, un oasis en medio del páramo peronista, con el lejano gobierno nacional como única referencia política.
La prueba de ensayo
En realidad fue el entonces gobernador Hermes Binner quien en 2011 les tiró el salvavidas que les permitió sobrevivir ofreciéndoles acompañar el proyecto de boleta única como sistema de votación. Para ellos fue providencial, porque los puso a salvo de la debacle electoral de ese año, en la que el peronismo terminó tercero en la lucha por la Gobernación.
En definitiva, la boleta única fue posible porque confluyeron los intereses del gobernador Binner (cuyo liderazgo había sido desafiado desde el propio socialismo y un sector de la UCR) y los senadores justicialistas, que ya “sin pollera” de la que colgarse necesitaban un instrumento electoral que les permitiera sobrevivir por sí mismos sin depender de nadie.
El de la boleta única fue, quizás, el ensayo de lo que vino después. Fue el camino que exploró Binner y que retomó luego Bonfatti cuando se encontró que tenía el gobierno, pero en minoría parlamentaria.
El piso
El gobierno parte de un buen piso para salir a buscar la reforma constitucional.
A tal punto están cómodos los senadores justicialistas con el actual gobierno que en los pasillos de la política se ironiza que en una hipotética constituyente, aún si Bonfatti insiste en autoexcluirse de la reelección, ellos se la habilitarían por cuenta propia.
El senador por San Lorenzo, Armando Traferri, expresó ese clima así ante El Ciudadano: “Tenemos una Constitución con 50 años y sabemos que es necesario modernizar derechos y garantías de los ciudadanos. Predisposición a discutir la posibilidad de un reforma hay; que nos pongamos de acuerdo es otra cosa. Lo principal es que es posible porque tenemos un gobernador dialoguista. Si fuera Binner seguramente no”. Traferri no sintetiza a todos los senadores, pero expresa un clima que no es difícil de observar.
En el Ministerio de Gobierno, que concentra los contactos con la oposición, se afirma que también hay sectores de la oposición en la Cámara de Diputados que acuerdan con la necesidad de una reforma.
Entre peronistas y aliados son diez bloques. Diez bloques sin un hilo conductor. Por ejemplo, Jorge Obeid, candidato para el que hablar de la reforma es “un engañapichanga” y una “distracción electoral”, sólo tiene 2 de 28 diputados. El otro bloque opositor es el PRO, en el que conviven dos subgrupos políticos, integrados por diputados con y sin historia en cuanto a posicionamientos sobre la reforma constitucional.
Es obvio que nadie hará movimientos hasta después de las elecciones del 27 de octubre, cuyos resultados terminarán de definir el terreno sobre el que habrá que caminar. Hay quienes especulan que una elección de constituyentes el año próximo no le vendría mal al peronismo santafesino “para reacomodarse” y posicionar a una figura de recambio en vistas a la pelea por la Gobernación en 2015.
Últimas precisiones
Hasta aquí se describieron hechos, posicionamientos políticos y escenarios que hacen pensar que una reforma constitucional está más al alcance de la mano que en anteriores oportunidades. De ninguna manera quiere decir que es un hecho que se concretará. Lo que hay hoy es un Poder Ejecutivo que la quiere y tiene la iniciativa; sectores de la mayoría legislativa opositora que dan indicios de predisposición a analizar el tema; y sobre todo, hay un piso de acuerdo transpartidario que ya es realidad.
