Candela Ramírez
Si de rituales de memoria se trata, El Ciudadano presenta este suplemento a 45 años del último golpe de Estado. Desde la primera consigna por la aparición con vida de las personas detenidas hasta la demanda de juicio y castigo a los culpables; Madres, Abuelas, Familiares, HIJOS y todo el arco de organizaciones de derechos humanos de Argentina construyeron un camino de lucha que intentó interpelar y sumar a cada generación. Todos los días, desde la Cooperativa de Trabajo La Cigarra intentamos narrar esa historia.
A un año del inicio de la pandemia en nuestro país, el ejercicio de la memoria cobró nuevas formas. En 2020 fue a través de pañuelos blancos colgados en casas y publicados en redes sociales. En 2021 la mayoría de los organismos de derechos humanos decidieron nuevamente no realizar la histórica marcha. En Rosario, este miércoles a las 17 en el Parque Nacional a la Bandera se realizará la lectura pública del documento que se elabora cada 24 de marzo.
Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 Argentina estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas. La dictadura contó además con la participación activa de civiles: jueces, fiscales, médicos, empresarios y curas, entre otros. A pesar de que hace 15 años se inició un proceso ejemplar en el mundo de juzgamiento a los represores, la mayor parte de la pata civil todavía no fue condenada.
El plan económico que se quiso imponer necesitó de una represión feroz que empezó incluso antes del golpe. Hubo persecución política, quema de libros, secuestros, sesiones de tortura, violaciones, abortos forzados, robo de bebés, asesinatos y desapariciones.
Son delitos de lesa humanidad. Es decir, no prescriben. Durante aquellos años se instalaron más de 300 centros clandestinos de detención y torturas distribuidos por todo el país, unos 20 en la provincia de Santa Fe. El resultado fue un genocidio.
Los delitos, además, se siguen cometiendo hasta dar con el cuerpo de todas las personas desaparecidas y hasta encontrar a todos los hijos e hijas apropiados. Se estima que hay 300 personas que todavía no conocen su verdadera identidad. Abuelas de Plaza de Mayo los sigue buscando y recibe alrededor de dos mil consultas al año, 150 son en Rosario. Se trata de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas y otros que fueron secuestrados en su niñez junto a sus padres o madres.
Por otra parte, este nuevo aniversario del golpe tiene como trasfondo el ascenso de los feminismos. Durante la última elevación de la megacausa Feced en Rosario, una de las sobrevivientes usó la palabra “sororidad” para referirse a las alianzas y cuidados entre mujeres detenidas. En 2020 fue la sentencia donde se incluyó por primera vez en la ciudad la condena a dos represores por delitos sexuales. Entre pañuelos blancos y verdes se puede trazar una genealogía.
En los últimos años también ocurrió algo inédito en el mundo: en 2017 hijas, hijos y familiares de genocidas se agruparon bajo el nombre Historias Desobedientes y condenaron públicamente el accionar de sus padres. Visibilizaron su estructura familiar y se pusieron a disposición de cualquier información que pudieran aportar.
Desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 hubo avances y retrocesos en el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia. Con el Juicio a las Juntas en 1985, Argentina se convirtió en el primer país en juzgar a sus propios genocidas. Duró poco, lo que siguió fue la aplicación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos.
“Si no hay justicia, hay escrache”, nos dijeron durante los noventa los Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). Así fueron a los barrios y casas donde vivían cada uno de los artífices y ejecutores del plan represivo, que estaban en libertad: visibilizaron a la comunidad sus crímenes y los escracharon.
En 2004 por primera vez un presidente pidió perdón en nombre del Estado nacional, “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”, dijo Néstor Kirchner. Ya en 2003 había derogado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en 2007 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos. Se inició un proceso de reapertura de los juicios de lesa humanidad y en abril de 2010 Rosario obtuvo su primera condena.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad contabilizó en el país 3.448 personas imputadas en causas por este tipo de crímenes entre 2006 y 2020. Además del hecho de que los juicios se reanudaron 30 años después de los delitos, desde el requerimiento de elevación de las causas hasta la confirmación de la sentencia transcurren, en promedio, cinco años. Desde que iniciaron los procesos en 2006 fallecieron 904 personas imputadas, de las cuales 692 murieron antes de recibir sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución. Los organismos hablan de impunidad biológica. Hasta diciembre de 2020 se registraban, además, 29 prófugos.
Cuatro décadas y media después del golpe genocida sigue vigente el pacto de silencio entre quienes participaron de la represión: no dicen qué hicieron, con quiénes lo hicieron, ni dónde se llevaron a las personas que aún en 2021 siguen desaparecidas. La represión fue clandestina, no existen registros de cuántas personas fueron secuestradas ni dónde estuvieron detenidas. Por eso el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia no deja de actualizarse. Sin ir más lejos, el juicio que se lleva adelante hoy en Rosario, la causa Klotzman, tiene un sobreviviente que contó en 2016 por primera vez que había sido secuestrado y sometido a torturas. “En todos los juicios aparecen nuevas víctimas”, repiten desde Fiscalía.
Pasaron 45 años. Las Madres continúan sus rondas los jueves, las Abuelas la búsqueda de sus nietos, los sobrevivientes y familiares su reclamo de justicia. El Ciudadano continúa contando las historias del genocidio, sus secuelas, los juicios, y sigue exigiendo que no pase Nunca Más.
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