En paralelo con la visita de Barack Obama al país, el gobierno de los Estados Unidos respaldó la postura argentina en el conflicto con los fondos buitre y le pidió a la Justicia norteamericana que levante el bloqueo que pesa sobre la Argentina.
Pese a que en la conferencia de prensa que brindó junto con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada evitó un pronunciamiento sobre el litigio, el Gobierno de Obama hizo una presentación en la Cámara de Apelaciones de Nueva York dando un claro apoyo a la posición argentina.
«Los Estados Unidos también tienen un significativo interés de política exterior en respaldar los esfuerzos de la nueva administración para revertir políticas previas, con el objetivo de normalizar las relaciones de Argentina con sus acreedores y fortalecer la economía del país», señala el escrito.
El respaldo fue realizado a través de una mecanismo denominado «amicus curae», mediante el cual, en síntesis, pide que se levante el bloqueo que pesa sobre el país por el fallo pari passu.
En esa presentación, la administración de Obama respalda la decisión del Gobierno de Macri de normalizar los pagos de la deuda y el regreso a los mercados financieros internacionales.
«En la mirada de Estados Unidos, la resolución de la disputa con los holdouts es crucial para el éxito las reformas económicas de Argentina. Su nueva administración heredó un alto déficit fiscal con bajas reservas. Según nuestro entendimiento, la nueva administración se propone emitir deuda para pagarle a los holdouts con quienes alcanzó un acuerdo», indica el escrito.
Señala que «desde el inicio del gobierno del presidente Macri en diciembre, sin embargo, Argentina ha dado pasos significativos para normalizar sus relaciones con acreedores, incluyendo los bonistas que iniciaron demandas».
«Argentina ha llevado adelante negociaciones de buena fe con los bonistas, logrando acuerdos, según la corte de distrito, con más del 85 por ciento de los reclamos con órdenes en contra de la Argentina», destaca.
La presentación está vinculada con una resolución que tomó a principios de mes el juez Thomas Griesa, en el cual dio visto bueno a la oferta argentina y condicionó levantar el bloqueo si el Congreso deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y luego se hace el pago a los fondos buitre y holdouts antes del 14 de abril.
Sin embargo, por pedido de los fondos buitre, la Cámara de Apelaciones dejó ese fallo en suspenso y convocó a una audiencia para el 5 ó 6 de abril.
Si bien se espera que la Cámara ratifique la resolución de Griesa, lo cierto es que el fallo abrió un serio interrogante sobre el futuro del acuerdo y hasta provocó dudas en el Congreso entre los aliados al macrismo. Ante esa situación, el oficialismo aceptó introducir cambios en el proyecto de ley para evitar que el fallo de la Cámara tenga efectos posteriores y habilite demandas judiciales de quienes tienen bonos reestructurados.
En el escrito del Gobierno de Obama, se consigna que: «Si no se anula el pari passu y se resuelven los acuerdos con los holdouts, podría haber serias consecuencias para la economía argentina y los intereses de la política estadounidense en la región».
«Su resolución debería estimular el crecimiento económico hacia adelante, además de brindarle margen de maniobra al gobierno argentina para implementar más reformas positivas en la agenda económica. Sin acceso al mercado internacional de capitales, el gobierno argentino arriesga a perder la confianza con que inversores y el público han saludado las intenciones del Presidente Macri», destaca el escrito.
Considera que «dejar sin efecto la orden de pari passu es un paso crítico hacia adelante para concluir el litigio y acelerar la resolución de su pendiente responsabilidad con los tenederos de bonos que iniciaron demandas, permitiendo a la Argentina salir del default con sus bonistas y facilitar su regreso a los mercados financieros internacionales».
«La República ha abandonado los desafios legales a las órdenes pari passu y ha reclamado al Congreso argentino que apruebe los acuerdos. La Cámara de Diputados dominada por la oposición aprobó el proyecto el 15 de marzo que autoriza llegar a acuerdos con los demandantes. El senado argentino se espera que vote la aprobación final el 30 de marzo», expresa en el escrito.
Advierte que «la continuidad de las órdenes pari passu podrían tener serias consecuencias para la economía argentina y para los intereses de Estados Unidos en la región».
