El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, negó este martes «terminantemente haber cometido delito alguno» durante su desempeño en el cargo, al presentar un escrito en la causa que investiga el posible espionaje ilegal de correos electrónicos a políticos, dirigentes y periodistas.
«Jamás dispuse, formal o informalmente, la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie», aseguró en un escrito entregado este martes al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a cargo del caso, al que accedió Télam.
Arribas negó «terminantemente haber cometido delito alguno» durante su desempeño como director general de la Agencia Federal de Inteligencia entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, también imputado en el caso.
«Los hechos contenidos en la denuncia radicada por la doctora (Cristina) Caamaño son graves, por lo que, desde ya, señalo mi preocupación e interés por que sean investigados, en aras del descubrimiento de la verdad», agregó.
El ex funcionario designó a Gustavo Presman como perito de parte para intervenir en una pericia dispuesta al disco rígido que originó la denuncia.
El escrito fue presentado con el patrocinio de sus abogados Alejandro Pérez Chada y Andrés Coronato, tras haber tomado conocimiento del contenido de la denuncia.
Arribas sostuvo, en respuesta a la denuncia presentada en su contra por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que ha «respetado y cumplido siempre los lineamientos establecidos en la ley 25.520, de Inteligencia Nacional».
La investigación fue abierta tras la denuncia de Caamaño por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien imputó al ex presidente Mauricio Macri, a Arribas; a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani; al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes (identificados como A y B), cuya identidad se mantiene bajo reserva.
Caamaño explicó que –durante las tareas de relevamiento en la AFI– se encontró un disco rígido marca Western Digital, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.
Al analizar el dispositivo, surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, razón por la cual fue posible reestablecerla con algunas falencias y recuperar datos que permitieron detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles (pen drives), en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información ilegal sobre distintas personas a través de sus correos electrónicos.
