La empresa privada de servicios de correos OCA (Organización Coordinadora Argentina) fue declarada hoy en «quiebra con continuidad» por el Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, a cargo de Pablo Tejada, luego de que acumulara una deuda multimillonaria con la AFIP y otros acreedores.
La llamada «quiebra con continuidad» permitiría mantener los puestos de trabajo «durante el período en que se ponga en venta la compañía en funcionamiento», según informó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros en un comunicado.
La empresa ya había sido intervenida judicial y administrativamente el pasado 27 de septiembre luego de que Tejada determinara que Patricio Nicolás Farcuh, ex administrador de la empresa, incurriera en ocultamiento de bienes y de información.
La decisión del magistrado se produce luego de que venciera el plazo para que OCA regularizara su deuda con la AFIP, organismo que advirtió que se evidenciaba el interés de colocar a la empresa «en una situación de vaciamiento deliberado durante la instancia concursal».
La AFIP había denunciado a Farruch por el vaciamiento de su empresa, tras haber verificado numerosas maniobras de desvío de sumas millonarias de OCA entre 2016 y 2018 para fines ajenos a la compañía.
Además, el juez Tejada advirtió que la empresa OCA fijó un domicilio social ficticio en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, a pesar de que la sede se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
Acorralada por una deuda fiscal que superaría los $ 4.000 millones, causada por la retención ilegal de impuestos y aportes previsionales de miles de empleados, la empresa enfrenta ahora el momento más difícil de su sinuosa historia, de más de 60 años, en los que atravesó desde una estatización compulsiva, y la privatización en manos de empresarios de comportamientos irregulares, hasta el vínculo con sindicalistas ligados al poder político.
Fundada en Córdoba en 1957 como empresa dedicada a servicios de correo postal, OCA pasó a ser estatizada por el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, en 1974, y volvió a privatizarse años más tarde por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.
Años después, OCA comenzó a ganar espacio en el mercado de transporte de correos hasta absorber, según se estima, cerca de un tercio del sector.
Según fuentes vinculadas a la investigación, el juez basó su resolución al haber comprobado que la firma concursada ocultó bienes, omitió informaciones que el juez o el síndico le requerían, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio evidente de los acreedores.
