La empresa brasileña Odebrecht, inmersa en el mayor escándalo de coimas en la región, demandó al Estado nacional por discriminación frente a otras firmas luego de que suspendiera a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC).
Según publicó el diario La Nación, Odebrecht planteó que el Estado le impuso una suspensión preventiva en ese registro a mediados de 2017 y, por lo tanto, le impidió desde entonces competir en nuevas licitaciones basado en los casos de corrupción que las empresas protagonizó en Brasil y en los balances de la empresa.
La compañía brasileña sostuvo que el Estado la discriminó porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina.
Odebrecht reclamó que levanten su suspensión, le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública.
En julio pasado, la empresa pidió una medida cautelar que recayó ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez, y luego radicó una demanda contra el Estado.
El Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) dispuso la suspensión por un año de Odebrecht el 3 de julio de 2017.
Transcurridos más de 14 meses la constructora pidió su rehabilitación.
El Estado le hizo una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos, en curso o concluidos, que afronta en la Argentina o en el exterior, «haciéndose tales requerimientos extensivos a cualquier compañía del grupo económico, sean subsidiarias o controladas, sucursales o filiales».
La firma brasileña tomó la requisitoria del Registro como una maniobra para demorar su rehabilitación que evidenciaba «el doble estándar existente en este caso».
Odebrecht se quejó de que mientras continúa suspendida el Registro no ha «generado hasta el momento ningún acto concreto» sobre las empresas involucradas en la causa por presuntas coimas en obras públicas que sigue el juez federal Claudio Bonadio por las confesiones de sus propios dueños y algunos de sus máximos ejecutivos.
Por eso, Odebrecht solicitó a la Justicia que le ordene al Registro Nacional de Constructores que informe cómo actuó ante otras «empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades».
Al responder la demanda, el Ministerio del Interior, a cargo del Registro, rechazó los reclamos de Odebrecht.
Planteó que el reclamo carece de sustento y no explica de «forma precisa y concreta dónde y en qué circunstancia el (Registro) habría aplicado criterios divergentes a una misma situación».
Y aclaró que el Registro «no toma las publicaciones de la prensa como elementos para sustentar sus resoluciones», sino como meros «indicios».
A su vez, la jueza Marra Giménez consideró que las novedades judiciales provenientes de la causa que sigue Bonadio excedían «el marco del presente proceso».
Pero la demanda contra el Estado para discutir la suspensión – y eventual rehabilitación– en el Registro de Constructores sigue su curso.
