El oficialismo aprobó en el Senado y giró a Diputados el proyecto de ley para regular las medidas cautelares contra el Estado con 39 votos a favor y 29 en contra, tras hacerle una serie de modificaciones cercanas a lo que reclamó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky.
A pesar de esos cambios en la letra del proyecto enviado por el Ejecutivo (que se decidieron luego de un cruce entre Verbitsky y el secretario de Justicia, Julián Álvarez) los senadores de la oposición lo rechazaron de manera unánime por considerarlo «inconstitucional».
El proyecto plantea que cuando se solicite una medida cautelar contra el Estado, el juez deberá, antes de resolverla, requerir «a la autoridad pública demandada que, dentro de un plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud» de ese recurso legal.
En caso de hacer lugar a la medida, el magistrado «deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia que no podrá ser mayor a los seis meses».
Además, el artículo 13 señala que la apelación por parte del Estado frente a una cautelar que trabe «total o parcialmente» los efectos de una ley o de un decreto de necesidad y urgencia «tendrá efecto suspensivo», salvo cuando se encuentren comprometidos derechos relacionados con la vida y la salud.
Estas salvedades fueron introducidas a partir de las sugerencias hechas por el CELS, aunque también contemplaron la propuesta que había realizado Álvarez, en medio de la discusión con el titular de esa entidad.
Respecto de estas modificaciones, el oficialista Aníbal Fernández deslizó una ironía para la oposición: «No sé a qué CELS se refieren, si al que encabeza Horacio Verbisky o al del seudoministro, como recién dijeron».
Los discursos del arco opositor dominaron el tratamiento de proyecto y redundaron en su presunta «inconstitucionalidad», mientras que los senadores del Frente para la Victoria tuvieron unas pocas intervenciones en el debate.
El oficialista Pedro Guastavino, titular de la Comisión de Justicia, aseguró que «hay muchas provincias que tienen regulada la aplicación de cautelares contra el Estado» y que este proyecto «viene a subsanar una laguna para proceder judicialmente contra el Estado nacional».
Guastavino subrayó además que «en la actualidad un juez incompetente puede dictar una medida cautelar, y esto cambia con el proyecto porque los jueces deberán abstenerse de dictar una medida cautelar cuando no tengan competencia en la causa».
A su turno, el senador radical Luis Naidenoff sostuvo que «la razón de ser» del proyecto es «la medida cautelar dictada por la Ley de Medios» y, en este sentido, criticó la iniciativa porque (sostuvo) «la vida de la gente va mucho más allá de la confrontación que pueda tener el Gobierno con el Grupo Clarín».
Además, consideró que «es un absurdo que la apelación del Estado tenga efecto suspensivo sobre la cautelar» y preguntó: «¿Qué pasaría, por ejemplo, con el cobro de un impuesto ilegítimo?».
En este punto, fue interrumpido por el oficialista Marcelo Guinle, quien calificó este argumento como una «interpretación caprichosa» porque la apelación «es suspensiva cuando se trata de una ley o un decreto, no se puede hablar de un efecto suspensivo genérico».
Por su parte, la peronista federal Sonia Escudero sostuvo que «es inconstitucional porque afecta al artículo 28 de la Constitución, que dice que los derechos y garantías no pueden ser alterados por las leyes» y el proyecto «afecta el derecho de acceso a la Justicia».
El radical Mario Cimadevilla sostuvo que «es inconstitucional porque violenta la igualdad de las partes en el proceso», mientras que el socialista Rubén Giustiniani, afirmó que el proyecto «es a todas luces regresivo» y «afecta los derechos fundamentales de los que menos tienen».
El peronista federal Carlos Reutemann no pidió la palabra durante la sesión, pero mediante un comunicado expresó que «en otra muestra de voracidad de poder, se pretende que la Justicia pierda grados de autonomía».
