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Oil Combustibles: defensa de De Sousa se refirió a una «asociación ilícita» en el gobierno de Macri

Este jueves Carlos Beraldi concluyó así su último su alegato final en el juicio que se sigue a De Sousa como supuesto partícipe necesario del delito de "administración fraudulenta"

Por Karina Poritzker – Télam

La defensa del empresario Fabián De Sousa sostuvo que en el gobierno de Mauricio Macri hubo «interferencias del Poder Ejecutivo» en causas judiciales como Oil Combustibles, mediante «la existencia de una verdadera asociación ilícita» que, entre otros hechos, «construyó pruebas falsas».

El abogado Carlos Beraldi concluyó así el jueves último su alegato final en el juicio que se sigue a De Sousa como supuesto partícipe necesario del delito de «administración fraudulenta» por no pagar el impuesto a los Combustibles Líquidos correspondientes a la petrolera «Oil Combustibles».

El defensor reclamó la absolución al Tribunal Oral Federal (TOF) 3, al dar por finalizado un alegato que se extendió durante tres audiencias en el tramo final del juicio, en el cual la fiscalía ya formuló su acusación con pedidos de condenas, mientras que la AFIP desistió de su rol como querellante.

El debate seguirá el jueves próximo con el último alegato previsto, el de la defensa del otro empresario acusado, Cristóbal López.

En tanto, los abogados del tercer juzgado, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, reclamaron en su oportunidad de alegar la absolución del imputado.

«No puedo cerrar el alegato sin volver a cuestiones que son trascendentes», remarcó Beraldi y aludió a la «existencia de una verdadera asociación ilícita» como «la manera como se interfirió desde el principio en el proceso».

El abogado reiteró que hubo «interferencias del Poder Ejecutivo» y en forma «directa» del entonces presidente Macri, quien habló de la causa en varias oportunidades.

«Desde el Poder Ejecutivo, de manera sistemática, hubo manifestaciones públicas tendientes a influir sobre el trámite de la causa», señaló Beraldi ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Beraldi citó declaraciones de Macri sobre la situación judicial de López y De Sousa, quienes estuvieron detenidos 22 meses en esta causa, en relación a que «había que embargar a Oil Combustibles, poner todo en un pozo y que eso se tenía que repartir»

«Esto lo dijo el primer día, cuando la causa recién se había iniciado y lo volvió a decir muchas veces hasta que dijo una frase que ya es histórica por lo vergonzoso que significaba esta manifestación»

El abogado recordó que Macri dijo en una entrevista «esto no es lo que habíamos acordado», luego de la excarcelación de los empresarios, tras un cambio de carátula de la causa.

«El Poder Ejecutivo a través de su máxima autoridad dijo esto en una entrevista», advirtió el letrado.

En su alegato en el proceso oral y público que se realiza a través de la plataforma virtual Zoom, el defensor del dueño del grupo Indalo consideró que la acusación es «absolutamente absurda»

«Está absolutamente probado cómo desde la AFIP se construyeron pruebas falsas de cargo», agregó además y remarcó que los jueces que fallaban «en contra de las pretensiones del Ejecutivo terminaron siendo desplazados de su cargo de manera ilegítima» como el ex camarista federal porteño Eduardo Freiler, ejemplificó entre otros casos de «presiones» a magistrados.

«Pero había jueces amigos, uno de los jueces que restableció la calificación legal era visitante habitual del expresidente (Macri) y esos encuentros fueron ocultados en el marco de este mismo proceso. Esto es un escándalo que no tiene precedentes», evaluó en relación al camarista de Casación Gustavo Hornos.

De Sousa y López «fueron víctimas de maniobras ilegales y de escuchas ilegales cuando estuvieron detenidos, escuchaban nuestros consejos legales», recordó.

«(Todo lo reseñado) tiene una incidencia directa en este proceso. Se han violado garantías constitucionales. Las consecuencias de estos actos ilícitos impactan directamente en el ejercicio de las garantías constitucionales», concluyó.

En la causa se investigaron presuntas irregularidades en el otorgamiento de planes de pago por parte de la AFIP a Oil Combustibles, por el impuesto a los combustibles líquidos que retenía a sus clientes.

El fiscal de juicio Juan García Elorrio reclamó condenar al Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y a 4 años y 4 meses a los empresarios De Sousa y López por los delitos de «administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública».

Tras el alegato de la defensa de López, que se iniciará este jueves, será el momento de las llamadas réplicas y dúplicas a los alegatos finales , y, luego, se fijará fecha para últimas palabras y veredicto.

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