Antes, y cuando pasen los 14 días de suspensión de concurrencia a las casas de comida en el Gran Rosario, rige el protocolo de recolección de datos de los comensales para que, en caso de detectarse un contagio de covid-19 entre ellos, poder rastrear vínculos epidemiológicos y aislar a otros posibles infectados. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe advirtió este jueves que esa información de los clientes –identidad, horarios y compañía en los locales– no puede utilizarse para otros fines. Por ejemplo, para enviar publicidad. Hacerlo es violar la protección de datos personales regulados en la ley nacional 25.326, advirtió la institución.
La Defensoría explicó que son “datos personales toda información que se relaciona con un individuo y puede identificarlo, como por ejemplo DNI, dirección, teléfono, situación crediticia, imagen, entre otros”. “La protección de estos datos asentados en archivos o banco de datos están regulados por la legislación nacional. Con ello se busca garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y el acceso a la información que se registre sobre las mismas”, reforzaron desde el organismo provincial.
En el marco de la pandemia y la apertura progresiva de actividades sin descuidar medidas sanitarias y epidemiológicas, se dispuso por protocolo que las y los clientes, al ingresar a bares y restoranes, deban informar en planillas destinadas a tales fines sus datos personales.
La medida es necesaria pero no debe desvirtuarse. La Defensoría advirtió que “los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido”. Agregó que la información recolectada “para los fines sanitarios y epidemiológicos no puede ser cedida para el uso de otra finalidad, como por ejemplo publicidad, sin previo consentimiento del titular de los datos”.
Es, en general, lo que ocurre con los datos aportados por los usuarios de plataformas de internet y redes sociales: sirven para trazar un perfil de edades, gustos, deseos, situación económica y otras características que luego son utilizadas para enviar publicidad personalizada.
Otra aclaración, en función de la ley nacional que rige la recolección de datos personales, es que deben “ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular”. Y ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes. El responsable o usuario del archivo de datos en cuestión, añade la Defensoría, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de esa información personalizada.
Derecho a saber qué saben de uno
“El titular de datos personales tiene derecho a solicitarle al responsable o usuario de los datos la información que tuviera sobre los mismos. Si en 10 días corridos no tiene respuesta puede realizar la denuncia ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública o realizar una presentación judicial, acción de Habeas Data”, señala la Defensoría del Pueblo, que informó sobre el sitio oficial en internet donde puede realizarse la denuncia.
Las personas también tienen derecho a que esos datos “sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad”. Y pueden “solicitar que las empresas de publicidad, venta directa o similares, retiren tu nombre de sus bases de datos”.
