Organizaciones cordobesas buscan modificar el Código Penal para que la «pornografía no consentida», es decir, la viralización de imágenes o videos íntimos sin el aval de algún protagonista, sea considerada un delito.
Se trata de una iniciativa de la que participa la ONG cordobesa Ageia, que se enmarca en el proyecto «sexting seguro y pornografía no consentida» que se da cuando las imágenes son viralizadas a través de redes sociales o publicadas en páginas web sin consentimiento, aun habiendo existido un acuerdo previo para tomarlas.
«Es erróneo llamarle «pornoveganza», ya que en ocasiones es por ese motivo pero puede ocurrir por otras causas, como por despecho o broma. En nuestro país, las personas que resultan víctimas de la pornografía no consentida no encuentran un mecanismo claro de protección legal», según explicó a Cadena 3 Silvina Lemos Hoffman, abogada coordinadora del proyecto.
Además, la especialista remarcó que lo primero que intentan con el proyecto es que ese contenido deje de circular una vez que fue viralizado.
«En ocasiones acuden por la vía penal o buscan una reparación económica a través de una acción por daños y perjuicios. El problema con lo penal y lo civil es que son procesos altamente burocráticos y lentos, por lo que cuando la víctima logra una sentencia favorable -si lo consigue- el contenido ya fue difundido y no se atiende primariamente a dar de baja este material», indicó.
Lemos Hoffman comentó que buscan con otras ONG que sea tipificado como delito y que existe un proyecto de ley de 2016 que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero no se «movió» de Senadores.
