Personal de Asuntos Internos irrumpió este martes, por orden judicial, en la sede de la Jefatura de la Policía de Rosario, de calle Ovidio Lagos al 5200. El procedimiento es consecuencia de la denuncia que cursó un integrante de la fuerza provincial sobre malversación de compras en el área de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II, donde se desempeñaba. El dato relevante es que el uniformado que comunicó las presuntas irregularidades bajo investigación fue blanco de dos atentados explosivos contra su vivienda.
La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio la orden de buscar documentación contable que permita avanzar en la investigación de la información sobre desmanejos con los fondos destinados a compras en la Unidad Regional II.
La Justicia indaga la posible relación entre esa causa y otra anterior, por amenazas violentas contra el efectivo que dio el aviso, un comisario identificado como Cristian Güemes, quien se desempeñaba, precisamente, en el área administrativa ahora bajo la lupa.
La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos maneja la hipótesis de que ambas circunstancias están relacionadas.
Atentado contra la casa de un jefe policial: encuentran artefacto explosivo
Güemes denunció que el primer ataque fue el 9 de junio último: una explosión contra el portón de la cochera en su casa de Pasaje Oeste al 6400. La familia escuchó la detonación 15 minutos antes de las 4 de la madrugada, pero recién identificaron el origen a mitad de la mañana siguiente. Al lugar acudieron el Gabinete Criminalístico de la PDI y la División de Explosivos.
El segundo atentado se produjo en los primeros minutos del 23 de agosto. Los vecinos avisaron sobre el estruendo y cuando personal policial llegó al domicilio encontró, en el patio delantero, material compatible con explosivos, tuercas y tornillos. En ese momento, no había nadie en la casa.
Güemes recibió también notas con amenazas. Como el hombre había informado sobre irregularidades en las compras dentro de la Jefatura, la Justicia ordenó el procedimiento concretado este martes, que tiene por objeto recopilar material contable para peritar.
La investigación sobre posible malversación en las compras se desprende de la causa de amenazas. El objetivo es determinar si las dos están vinculadas.
Los documentos incautados este martes están fechados en 2017 y 2018. Fuentes extraoficiales adelantaron que no pudieron dar con mucho material porque, explicaron, desde la Jefatura envían cada mes las rendiciones de cuentas al Ministerio de Economía de la provincia.
