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Operativos anticorrupción sacuden a clan Bolsonaro a menos de un año de gobierno

El presidente de Brasil recibió este miércoles duro revés judicial ya que fiscalía y policía de Río de Janeiro allanaron oficinas y domicilios de sus amigos, familiares y ex asesores del senador Flavio Bolsonaro, su hijo mayor, en causa que investiga casos de corrupción y desvío de dinero público

A menos de un mes de completar un año de gobierno, el presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, recibió este miércoles un duro revés judicial ya que la fiscalía y la policía de Río de Janeiro allanaron oficinas y domicilios de sus amigos, familiares y ex asesores del senador Flavio Bolsonaro, su hijo mayor, en una causa que investiga casos de corrupción y desvío de dinero público.

El centro de la investigación es el policía Fabricio Queiroz, un amigo del presidente Jair Bolsonaro desde 1984, con el que solía pescar y salir a cenar hasta el año pasado, que es investigado por comandar una red de recaudación ilegal mediante la contratación de empleados «ñoquis».

Queiroz era el jefe de asesores de Flavio Bolsonaro hasta enero pasado, cuando el hijo del presidente era diputado de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro, y también fue vinculado a los grupos parapoliciales que son sospechosos de haber asesinado a la concejala socialista Marielle Franco en marzo de 2018.

Los hechos investigados habrían ocurrido en momentos en los que Queiroz trabajaba como asesor de Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y tiene entre los investigados a la ex esposa del presidente Bolsonaro, Ana Cristina Valle.

El operativo fue solicitado por la fiscalía de Río de Janeiro y autorizado por el juez en lo penal Flavio Nicolau.

Incluso una chocolatería del senador Flavio Bolsonaro fue allanada por los investigadores.

El caso «Queiroz» acompaña a Bolsonaro desde que asumió, ya que uno de los pagos sospechosos realizados por el ex asesor y policía involucra a un cheque emitido en nombre de la actual primera dama, Michelle Bolsonaro.

En total, son 101 objetivos de investigación, entre personas y empresas, según informó la fiscalía.

«Esta operación es un duro golpe al discurso anticorrupción con el que Bolsonaro ganó las elecciones», dice un editorial del diario O Globo, medio que cuestiona la figura presidencial pero respalda su plan económico de corte liberal.

El juez intervino los teléfonos, whatsapp y mensajes de texto de los investigados vinculados a la función de Flavio Bolsonaro y Queiroz en la Asamblea Legislativa de Río.

El caso apareció luego de las elecciones vencidas por Jair Bolsonaro en octubre de 2018 a raíz de que había movimientos sospechosos por cientos de miles de reales detectados por el Banco Central entre los empleados del despacho de Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río.

El policía Queiroz declaró por escrito en el caso y este año dijo que su fortuna repentina la había logrado haciendo negocios con automóviles usados.

«Si Queiroz dice lo que sabe es posible que el gobierno sea derrocado», afirmó el ex candidato presidencial Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

La familia de la segunda esposa de Bolsonaro y madre de su cuarto hijo, Jean, está siendo investigada por supuestamente lavar el dinero que según la fiscalía obtenía Queiroz por parte de empleados fantasmas o ñoquis de Flavio Bolsonaro en la Asamblea de Río.

Este año, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, suspendió las investigaciones para determinar si un proceso puede abrirse apenas con los registros sospechosos del órgano que detecta alteraciones en movimientos de cuentas del banco central y no de la fiscalía.

Por eso, el caso demoró casi un año en tener esta ola de allanamientos, que se producen a escasos días de que el 1 de enero Bolsonaro cumpla un año en el cargo.

El dirigente ultraderechista venció la elección frente a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, que sustituyó como candidato a Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue inhabilitado por estar preso y condenado por corrupción por parte del ex juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato, hoy ministro de Justicia.

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