Por Dr. Javier Amherd (#)
La discusión sobre la reforma del proceso laboral en la Provincia de Santa Fe ha sido presentada como una respuesta técnica a un problema económico: la litigiosidad.
Sin embargo, cuando se la analiza desde la práctica concreta de la Medicina Legal y Laboral, emerge otra cosa: una reconfiguración silenciosa del valor de la prueba pericial médica.
Como en El Proceso, no es que falten reglas. Es que las reglas comienzan a perder sentido para quienes deben operar dentro de ellas.
El sistema sigue funcionando, pero la experiencia de quienes lo integran —médicos, abogados, trabajadores— se vuelve cada vez más difícil de traducir en términos racionales.
El poder que ordena… y absorbe
La creación de cuerpos de peritos dependientes del Poder Judicial y la desvinculación de los honorarios del resultado del proceso se presentan como medidas de orden.
Pero, en términos prácticos, implican algo más profundo: el pasaje de un perito independiente a un perito funcional.
Como en El Castillo, el poder no se impone de manera explícita. Se organiza. Se institucionaliza. Y, en ese proceso, absorbe aquello que antes lo controlaba desde afuera.
La “economía del loro”: ajustar donde no está el problema
Aquí aparece una metáfora brutal, pero precisa: la economía del loro.
Cuando una familia entra en crisis económica, decide matar al loro porque consume una hoja de lechuga por semana. El problema, claramente, no era el loro.
Trasladado al sistema: el costo pericial no es el factor estructural del sistema de riesgos del trabajo pero es el más fácil de recortar y, sobre todo, el menos defendido políticamente
Entonces se actúa allí.
Reducir honorarios, fijar topes, desincentivar la participación pericial independiente… todo bajo la premisa de “ordenar el gasto”.
Pero el resultado puede ser exactamente el contrario: un sistema más pobre en calidad probatoria y, por ende, más conflictivo.
Gregor Samsa y la desvalorización del perito
En La metamorfosis, Gregor Samsa deja de ser sujeto cuando deja de ser funcional.
El paralelismo es incómodo pero evidente.
El perito médico: pasa de ser un auxiliar de justicia calificado a ser un costo a contener y, finalmente, un actor prescindible o sustituible.
No se discute su rol científico. Se discute su impacto económico.
Y cuando eso ocurre, el sistema envía un mensaje claro: el saber técnico vale, pero hasta donde no moleste.
“Industria del juicio”: la solución equivocada
El argumento central de la reforma es conocido: combatir la llamada “industria del juicio”.
Pero la pregunta incómoda es esta: ¿se la va a resolver menoscabando a los médicos?
Porque eso y sólo eso, es -en términos crudos- lo que subyace en muchas de estas medidas: se reducen los honorarios profesionales del perito, se limita su independencia, se lo integra o reemplaza por estructuras más controlables.
Todo bajo la hipótesis de que el problema radica en la pericia.
Sin embargo, esa hipótesis es, como mínimo, discutible.
La litigiosidad no nace en el informe médico.
Nace en: las condiciones de trabajo, las controversias sobre cobertura, la desconfianza estructural del sistema.
Atacar al perito es confundir el síntoma con la causa.
Un sistema en limbo
Como en la Divina Comedia, Santa Fe parece entrar en un estado intermedio: no hay colapso, pero tampoco equilibrio.
Se avanza hacia un sistema más rápido, más previsible en costos, más ordenado en apariencia.
Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿será también más justo?
Epílogo: cuando el ajuste compromete la verdad
La pericia médica no es un accesorio del proceso laboral.
Es su núcleo probatorio.
Reducirla a una variable de ajuste —en nombre de la eficiencia o la lucha contra la litigiosidad— implica un riesgo serio: que el sistema funcione mejor en términos económicos, pero peor en términos de verdad.
Y cuando eso ocurre, lo que se resiente no es el honorario del perito.
Es la calidad de la justicia.
(#) Médico Legista – Médico Laboral / Médico Generalista – Auditoría Médica.
