Algo aparece diáfano en la gestión del gobierno de Javier Milei: la dimensión de su instinto destructivo de todas las tramas sociales que conforman lo que se conoce como sistema democrático, aquel con el cual es posible sostener una plausible dignidad como participante de las relaciones que ese sistema propicia y que tiene en la salud, la alimentación y la educación, los tres pilares de los que devienen todos los demás.
Sin asegurarlos nada funcionará en condiciones de igualdad. Es cierto que en Argentina el estatus democrático estuvo permanentemente asediado y fue blanco de atentados no pocas veces, destacándose, si se toman los últimos 50 años, ciertos periodos de sanguinarios ajustes y represión que vaciaban de sentido el indispensable aire para respirar democracia.
Comenzó con el Rodrigazo, en 1975, develando una clara estrategia para transferir ingresos desde los trabajadores asalariados hacia el sector agroexportador mediante una feroz devaluación y un incremento de las tarifas de servicios públicos y combustibles; la dictadura cívico-empresarial-militar-eclesiástica, iniciada en 1976, y su esmerado plan de exterminio de opositores a la profundización del plan articulado por Celestino Rodrigo, ahora con la dirección del poder concentrado; la farsa siniestra del menemismo (1989-1999), que enajenó y desguazó a precio vil los recursos con los que una nación se define soberana y generó una desocupación inédita; la rapiña del Macrismo con el hombre de los negocios sucios a la cabeza al que le faltó tiempo –y no pudo con una consecuente resistencia popular– para implementar la reforma laboral y previsional que ordenaban las corporaciones; como se ve, todas lindezas de la avanzada neoliberal de bandera argentina, obedientes al poder concentrado local y a sus mandantes extranjeros.
Y ahora llegó Milei, la personificación más acabada del desenfreno fanático para desestructurar el Estado y hasta la identidad social de los argentinos, al menos de una gran mayoría, puesto que una minoría, sus patrones, se benefician caudalosa y groseramente de cada proyecto enunciado por su gestión.
Lo que aparece claramente entonces es la saña con que se busca aplicar medidas lesivas a los trabajadores y a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Saña que surge además de la incapacidad, la improvisación, la ignorancia y la incoherencia traslucidas en cada anuncio de los planes oficiales y en los cientos de artículos del DNU o de la llamada Ley Ómnibus, porque en la prisa por llevar a cabo la desarticulación absoluta del entramado socio-productivo hay una profunda subestimación a quienes no adhieren a sus objetivos, a todos aquellos no “considerados argentinos de bien”, el clisé favorito en campaña del ahora presidente y esgrimido cada vez con más ahínco clasista y racista.
Y porque cada vez aparecen más identificados los verdaderos beneficiarios de la nueva asonada neoliberal: bancos, sistemas financieros, exportadores de granos, empresas mineras, petroleras y monopólicas como las de servicios públicos; sectores de posición dominante como las grandes cadenas de supermercados; la inefable Techint con uno de sus gerentes cumpliendo la misma tarea en YPF; una descarnada puesta al mejor postor para proveedores e inversores extranjeros a partir de la liberalización de tierras y la anulación de la Ley de Compre Argentino; la desembozada mención a la empresa del magnate Elon Musk para que se ocupe de la comunicación satelital del país.
Para que todo esto tenga lugar, claro, la condición es la destrucción del mercado interno, de todas aquellas actividades que dependan de esas relaciones con la ya a esta altura insostenible excusa de un ajuste fiscal necesario, instrumentado en una desmesurada e injustificada devaluación, en un fatal aumento de tarifas, en una abrupta demolición de los salarios, jubilaciones y programas sociales haciendo plausible nuevamente la endemoniada teoría del shock que tan bien describió la escritora y activista Naomi Klein.
La aspiración del poder hegemónico, o Círculo Rojo, o casta prebendaria, o como se la quiera llamar, es quedarse no solo con los recursos de la clase media –esta vez el verdadero blanco en la mira– sino con los recursos del Estado para vaciarlo y volverlo tan solo una mínima expresión. Un ejemplo por estos días mencionado es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS), pensado e instrumentado para proteger el sistema provisional argentino, que el gobierno quiere rematar por 5500 millones de dólares dejando la mesa servida para la vuelta de las fraudulentas AFJP.
El FSG posee inversiones en títulos públicos y tiene acciones en buena parte de las grandes corporaciones y eso es una espina atravesada en la garganta de tipos como Paolo Rocca o el mismo Héctor Magnetto, quienes ven otra oportunidad de pegar el zarpazo que les estaba vedado desde el regreso de las jubilaciones al sistema de reparto en 2008.
Para este plan macabro el gobierno debe disciplinar hasta al jubilado; lo intenta con el protocolo para frenar las marchas y protestas, con el descabezamiento de las cúpulas de las Fuerzas Armadas y el proyecto de vigilar las fronteras y utilizar a la gendarmería en la represión a las protestas internas; con el menosprecio y burdos gestos de apriete a diputados y senadores contrarios a sus intereses; con el disparate de multar a las centrales sindicales por la movilización y el recurso interpuesto judicialmente contra del DNU, y a una semana del paro y movilización del 24 de enero, con la amenaza de descontar salario a los trabajadores estatales que participen de esa convocatoria.
Por eso urge entender que la velocidad con que este gobierno intenta llevar adelante el saqueo organizado del país tiene características inéditas. Deben entenderlo los congresales que lo rechazan, los sindicalistas y trabajadores de todos los gremios y hasta el votante distraído de Milei, porque la masacre dejará tierra yerma.
Hay que responder con la misma premura, con el mismo empuje de resistencia ante el descalabro de la realidad político social. Hay señales, no son suficientes todavía más allá de algunas voces descriptivas del tamaño del dolor y el daño que infringirá este gobierno. La agresión inflacionaria y recesiva lo pide, y debe ser con la celeridad que la situación lo requiere. Oposición efectiva a una destrucción de máxima efectividad.
