El radicalismo le advirtió ayer al Gobierno que no está dispuesto a permitirle que no tenga un Presupuesto nacional aprobado para 2011. Aunque pueda parecer confuso a primera vista, eso es lo que anunció ayer el mendocino Ernesto Sanz en la sede del Comité Nacional de la UCR al plantear la estrategia partidaria para el debate presupuestario. La posición de los radicales en este tema es clave: con sus votos pueden decidir en las dos cámaras que haya o no Presupuesto. Los radicales están convencidos de que Cristina de Kirchner prefiere que no se sancione la ley para poder manejar el gasto reconduciendo el Presupuesto 2010 con mayor nivel de discrecionalidad. Y por eso ahora proponen que se debata el proyecto oficial, pero proponiendo límites al uso presidencial del gasto. Así impulsan la derogación de los superpoderes, que permiten modificar partidas y reasignar los fondos, limitar el uso de los DNU para incorporar la recaudación excedente que el Gobierno se garantiza cada año al subestimar el crecimiento y la inflación, y transparentar toda la política de subsidios y transferencias a empresas públicas y privadas, como es el caso del universo que maneja en el país el negocio ferroviario.
«No creemos que se pueda gobernar sin Presupuesto, por lo tanto estamos dispuestos a dar el debate profundo y franco. Tampoco creemos que se pueda gobernar sin controles, por eso vamos a presentar alternativas razonables para limitar la discrecionalidad y sincerar tanto ingresos como egresos». Así sintetizó Sanz ayer la postura del radicalismo que ahora llevará al resto de los partidos de oposición. El peligro es que el kirchnerismo logre suficientes apoyos como para avanzar con un Presupuesto, aunque éste sea modificado, y que la oposición no consiga lo mismo en su afán por derogar los superpoderes permanentes del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera o imponer reglas para transparentar la asignación de subsidios y transferencias.
«Reivindicamos para el Gobierno su derecho a tener Presupuesto», dijo Sanz. «Pero ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo muestre alguna intención de pretender no tener Presupuesto, habilitándose aún más discrecionalidad, desde la UCR estamos preparados para dar el debate».
Sanz actuó como vocero del grupo que dirigió los anuncios: Gerardo Morales, Oscar Aguad y Jesús Rodríguez, secretario general de la UCR: «Siendo ésta la primera oportunidad en siete años para que el Congreso discuta en profundidad el Presupuesto, la UCR pretende aprovechar este escenario para señalar situaciones que deben ser corregidas y a la vez establecer pautas que coloquen a la ley de leyes como una verdadera herramienta que pueda ser ejecutada, con los controles pertinentes».
En el listado de males que aquejan al proyecto de Presupuesto, los radicales listaron los mismos vicios que el Gobierno viene repitiendo cada año en esa ley. De hecho, lo dijo Sanz: «Se vuelven a cometer los mismos errores que en años anteriores».
Así se resumió: «El uso indiscriminado de los fondos; la concentración en un solo ministerio, el de Planificación; un mix de erogaciones o gastos ausentes, otros ocultos, algunos faltantes y otros extravagantes, y las recurrentes subestimaciones, son las características más sobresalientes», dijeron sobre el Presupuesto 2011.
Pero el principal problema que tiene la oposición es la facultad del Poder Ejecutivo para incorporar los excedentes de recaudación y distribuirlos sin control del Congreso a través de decretos de necesidad y urgencia.
«Aún no apareció el DNU que blanquee la utilización de los excedentes presupuestarios para este año», dijo Sanz. Sobre ese punto, Morales explicó las reformas con que condicionarán el debate presupuestario: «Sobre los excedentes, la UCR propondrá un artículo que limite su uso. El monto excedente luego de las transferencias de Coparticipación a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las aplicaciones específicas, deberá repartirse de la siguiente manera: un 30% para el Fondo Anticíclico Fiscal; otro 30% para el SIPA, incluyendo pago de haberes y deudas por reclamos; y el resto, en partes iguales para educación, salud, servicios de agua potable y cloacas, y Asignación Universal por Hijo».
Transparencia
La estrategia entonces será no entorpecer la discusión del Presupuesto, pero obligando al Gobierno a transparentar el uso de los fondos. El kirchnerismo no aceptará esa opción que le condiciona la forma en que vino manejando la contabilidad pública en los últimos cinco años.
De ahí que la propuesta opositora se vuelve confusa: el Gobierno deberá reunir el quórum para discutir el Presupuesto 2011 y si no lo logra, quedará condicionado a aceptar cambios o soportar un proyecto alternativo de la oposición, paralelo a la sanción de más controles en subsidios y fondos fiduciarios, y a la derogación de superpoderes y facultades delegadas. Además, existe un peligro: Cristina de Kirchner siempre podría vetar las leyes que establezcan esos controles.
En esa línea, Aguad propuso, además: «Estamos trabajando en un artículo que establezca que la ANSES sólo puede prestar a la misma tasa que el Banco Nación para evitar la descapitalización del ahorro de trabajadores y jubilados».
Esa reforma correría junto con la intención de incluir «el 82% del salario mínimo vital y móvil para las jubilaciones mínimas para mantener los parámetros de la ley vetada, es decir, mejorar haberes mínimos y saldar deudas, según criterios de los casos Badaro y Sánchez».
Fuente: ambito.com
