El proyecto de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF –que estaba en manos de la española Repsol– para que vuelva el control a manos del Estado nacional encontró un fuerte respaldo por parte de la mayoría de los dirigentes opositores. Las disidencias entre la postura del oficialismo y las fuerzas del arco opositor radican en qué se debe hacer con la empresa una vez que esté bajo la órbita del Estado argentino. En el marco del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible que se realiza hasta hoy en Rosario, los legisladores Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), Rubén Giustiniani (PS) y Eugenio Nito Artaza (UCR), dialogaron con el El Ciudadano y dieron su visión sobre el futuro de la petrolera nacional.
“Es el comienzo de dar vuelta una página muy negativa que nos ha conducido a un fracaso y a la pérdida del autoabastecimiento”, sostuvo Solanas. “Pero la medida del gobierno sola tampoco alcanza, es una fantasía y un engaño hacer creer que esto lo soluciona todo. Hay que recuperar el ciento por ciento la petrolera estatal, hay que expropiar también a los Ezkenazi (familia que posee el 25 por ciento de las acciones de la empresa) para que sea un instrumento idóneo y una sociedad del Estado para que tenga control público. La sociedad anónima no tiene control de la Auditoría (General de la Nación) ni de la Sigen”, amplió el diputado de Proyecto Sur.
En cuanto a las decisiones inmediatas que debería adoptar el gobierno de la Nación en la materia, Solanas identificó: “Empezar por la auditoría de reservas de todos los yacimientos del país para saber el estado y las reservas que hay en cada pozo; prohibir las exportaciones hasta tanto se recuperen las reservas argentinas e instalar medidores en todos los pozos del país. Actualmente el sistema es a declaración jurada de las petroleras”.
Según Pino, el dinero que deba desembolsar la Nación para recuperar YPF no es un problema porque “lo más probable es que tenga que pagar Repsol”. Solanas basó su postura en que la empresa española “está endeudada en más de 9 mil millones de dólares, los Ezkenazi deben como 1.500 millones de dólares y además hay pasivo y daño ambiental que nunca se investigó”.
“Las empresas petroleras son altamente rentables; esta YPF así fundida da entre 1.200 y 1.500 millones de dólares anuales declarados. En manos públicas debería ser muchísimo más. Al mismo tiempo hay que exigir que reinviertan todas las demás petroleras. Por eso esta medida aislada no soluciona el problema, hay que hacer un cambio de política integral y hay que exigir metas de producción y de reinversión”, concluyó el líder de Proyecto Sur.
Otro punto que junta coincidencias en la oposición es el rol que deben cumplir en la empresa las provincias que no producen petróleo. En este sentido, Giustiniani indicó: “Es contradictorio tener un lugar en el Consejo Federal de Hidrocarburos como tiene Santa Fe y todas las provincias y no tener acciones. YPF la construimos entre todos, es de todos y no es sólo un pozo de petróleo, son las estaciones de servicio, son las refinerías. Por lo tanto creemos necesario que todos seamos parte integral de YPF”.
Con relación al tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación, el dirigente socialista señaló: “Vamos a acompañar en general esta propuesta porque creemos en la necesidad de que el Estado nacional tome el control de la empresa y planteando después en particular modificaciones que creemos importantes como es el control. La sociedad quiere una empresa transparente y eficiente y por lo tanto el control de la Auditoría General de la Nación a los funcionarios que a partir de acá estén en el manejo de la empresa nos parece un punto central”.
Giustiniani no cree que la Argentina vaya a sufrir las consecuencias de un aislamiento por parte de la comunidad internacional ya que la expropiación se está llevando adelante por “una ley del Congreso de la Nación, esto se ajusta por lo tanto a derecho con un tribunal de tasación que va a empezar a trabajar. Tenemos el derecho soberano a tomar esta decisión que está fijada por la Constitución”.
Por último, Artaza le pidió al gobierno nacional “que se deje ayudar” y que permita “modificar este proyecto de ley con los enriquecimientos que le pueda hacer la oposición”. El senador radical resaltó la pésima administración que la petrolera española desempeñó al frente de YPF: “Cuando se privatizó en forma leonina ellos no cumplieron con una responsabilidad social empresaria ni con una ética comercial”.
