La Justicia ordenó al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) la cobertura del total de la estadía en un geriátrico para una jubilada de 73 años que sufre una discapacidad. El juez Néstor García tuvo en cuenta la ley 24.901 y consideró que de negarle la internación “se encuentra en juego la salud e integridad física de la persona”, indicaron fuentes judiciales.
Alicia tiene 73 años y sufre deterioro cognitivo severo con trastornos conductuales y demencia (Alzheimer). Necesita la asistencia permanente de otras personas ya que tiene una discapacidad que no le permite desenvolverse por sus propios medios. Desde hace un tiempo está internada en un geriátrico pero el aumento de los costos llevó a sus hijos a pedir ayuda a la obra social para la que la mujer aportó durante años. Antes de hacerlo, tuvieron en cuenta que la ley de discapacidad 24.901 contempla la cobertura total de las prestaciones para las personas que no puede desarrollar sus actividades cotidianas por sí solas.
Cuando la hija de Alicia fue a Iapos le dijeron que no tenían cartilla de prestadores que pudieran atenderla. Tampoco había lugar en los tres institutos con quienes tienen convenio. La mujer consultó con las abogadas Carina Mazzeo y Julia Canet quienes presentaron un amparo ante la Justicia. En una primera instancia de conciliación Iapos ofreció darle a la familia un monto fijo de 20 mil pesos por reintegro sin actualización de la tarifa. La familia lo rechazó. La oferta era inferior a los aranceles establecidos en el boletín oficial de la Secretaria de Salud que van entre 38 y 60 mil pesos.
El juez Néstor García tuvo en cuenta la ley de discapacidad y consideró la necesidad de garantizarle la cobertura del tratamiento a la mujer. Aseguró que la oferta de Iapos era insuficiente y, teniendo en cuenta que no ofreció un lugar alternativo para internarla, ordenó que la obra social se haga cargo de abonar el total de la cuota del instituto donde Alicia ya está alojada.
