Los militares, efectivos de las Fuerzas de Seguridad y personal civil de las Fuerzas Armadas que durante los últimos siete años cobraron aumentos salariales que consiguieron por fallos en litigios contra la administración central, porque percibían suplementos de su haber en negro, no sólo deberán reintegrar parte de esos incrementos sino que se exponen a que el Estado los ejecute judicialmente.
Fuentes oficiales confirmaron a la agencia de noticias DyN que un fallo de la Corte Suprema habilitó a las autoridades a exigir el dinero pagado “de más”, que según los casos será tomado a cuenta. También señalaron que se analiza la posibilidad que, en grandes sumas, si la devolución se alarga demasiado en el tiempo se implementen mecanismos de ejecución alternativos.
El 17 de abril pasado, la Corte Suprema emitió un pronunciamiento en la causa Zanotti,
Oscar Alberto contra Ministerio de Defensa”, que modificó otro anterior –caso Salas– de un año atrás y ordenó reajustar los haberes en una proporción menor a lo que había resuelto en marzo de 2011.
Ahora, el máximo tribunal señaló que los aumentos no remunerativos de 2005 a 2009 otorgados por el gobierno se deben aplicar “no sobre el sueldo bruto sino sobre el haber mensual”, que no incluye ni adicionales ni antigüedad, y hacerlo sobre el sueldo vigente en 2005 y no sobre el acumulado de cada año.
A raíz de esta sentencia de la Corte, el gobierno dispuso que “resulta necesario establecer mecanismos coordinados de defensa para garantizar la adecuación de las liquidaciones correspondientes establecidas”, agregaron las fuentes.
