La Justicia hizo lugar a una presentación de la defensa pública por el hostigamiento de fuerzas federales y provinciales sobre un hombre al que le saltaba un pedido de paradero de la provincia de Córdoba. El defensor regional Gustavo Franceschetti, con el defensor público adjunto Hernán Soto y la representante de la Oficina de Asistencia al Defendido Víctima de Violencia Institucional, Analía Abreu, interpusieron el pasado 16 de febrero, un recurso de habeas corpus preventivo en favor L. L., a los fines de que cesen de inmediato las continuas detenciones, persecuciones y amenazas por parte de uniformados.
El hombre, de 33 años, regresó a Rosario luego de haber residido por más de dos años en la ciudad de Córdoba y desde su llegada se instaló en la casa de su hermana ubicada en el barrio Godoy. Cuatro meses después recibió dos disparos de en la pierna izquierda durante un robo, en 27 de Febrero y Circunvalación. Debido a este incidente permaneció internado por más de un mes. Esta situación produjo la pérdida de su trabajo informal, acarreándole graves problemas económicos, lo que hizo imposible la convivencia con su hermana, quien también posee escasos medios de subsistencia, siempre según la versión de la defensa pública.
A partir del momento que L.L. abandonó la casa de su hermana empezó a vivir en situación de calle. Así, comenzó a cuidar autos estacionados, durmiendo a la intemperie. Desde que se encuentra en situación de calle es perseguido, detenido, en ocasiones golpeado y está permanentemente amenazado por policías, especialmente por efectivos de la comisaría 3ª, reza la presentación.
Según la defensa pública, el hombre fue detenido por primera vez en marzo de 2015. Entonces la defensa recordó que el denunciante se encontraba sentado en la vereda de calle Brown y Alvear, lugar en el que habitualmente realiza su trabajo, cuando observó que dos motos conducidas por policías se detuvieron ante él y, con violencia de por medio, le exigieron sus datos personales. Sin mediar diálogo sobre los motivos de sus preguntas, golpearon al joven en las costillas, denunció. El hombre contestó las preguntas de los oficiales brindando sus datos; sin embargo los uniformados solicitaron por radio un móvil. Minutos después se constituyó un móvil de la comisaría 3ª y lo llevó detenido. L.L. fue ingresado para averiguar sus antecedentes en la seccional mencionada y estuvo allí diez horas. Denunció que los policías le impidieron acceder al baño; no le brindaron agua ni comida. Además se le tomaron muestras de sus huellas y no se comunicó con él ningún profesional de la Justicia.
En la denuncia figura que L.L., luego de aquel suceso fue detenido al menos 15 veces –ignorando la víctima el número exacto de detenciones–. La mayoría por parte de efectivos de la Policía Motorizada quienes sólo una vez lo acusaron de haber cometido un delito. En las restantes ocasiones los uniformados justificaron su detención en un pedido de averiguación de paradero o pedido de captura.
Otro de los hechos de hostigamiento se produjo en noviembre de 2016, dice la presentación. Ese día, L.L., con un amigo, fue a visitar a su tía en el barrio Empalme Graneros. En Génova y Gambeta fue detenido por una camioneta policial perteneciente a la central de llamadas del 911. Los uniformados comenzaron a requisarlos y, sin motivo, decidieron derivar tanto a L.L. como a su amigo a la comisaría 20ª. Allí, permanecieron detenidos por más de siete horas con la excusa de que el denunciante poseía una orden de captura en su contra proveniente de la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba.
La última detención arbitraria se produjo en diciembre de 2016. L.L. se encontraba en Maipú y San Juan cuando se le aproximaron dos policías caminantes. Le consultaron a la víctima a dónde se dirigía y le exigieron documentos. Cuando L.L. se los entregó, aclaró que en el sistema de consultas “le salta” una denuncia de desaparición y averiguación de paradero y que esa anotación es un error. También les indicó que por aquel motivo permaneció detenido en varias ocasiones. De todas maneras, lo llevaron detenido a la comisaría 1ª. donde estuvo por casi seis horas en una pequeña celda.
En la audiencia de habeas corpus del 17 de febrero pasado, el juez Gonzalo López Quintana dijo que “una averiguación de paradero no justifica que una persona permanezca privada de su libertad o detenida, ya que no se trata de una orden de captura”. Por ello hizo lugar al habeas corpus preventivo interpuesto por la defensa pública y ordenó tanto a la Policía santafesina como a Gendarmería que “se abstengan de privar de la libertad a L.L. en relación con la presunta orden de paradero de la Fiscalía de Marcos Juárez, provincia de Córdoba”.
