La Justicia provincial dispuso el desalojo de un terreno de 12 hectáreas de zona noroeste en el que habitan unas 3 mil personas. La resolución, que tiene fecha para el 15 febrero del año próximo, traerá aparejado un fuerte impacto social y dada la cantidad de personas que involucra. De todas formas, previo a ese plazo límite, se convocó para el próximo martes 15 de diciembre a una audiencia a las partes y representantes de los gobiernos locales, provinciales, el Concejo Municipal y el Ministerio Público para buscar una salida por consenso al conflicto.
La propietaria del predio en cuestión es Compañía Santafesina de Tierras, una empresa dedicada a la compra-venta de suelo que adquirió varios terrenos con el presunto fin de desarrollar loteos y nuevas urbanizaciones.
En este caso, la historia comenzó cuando la firma compró el predio de 12 hectáreas ubicado al sur de la entonces futura traza de avenida Sorrento, entre Cullen y el arroyo Ludueña, en el año 1984.
El juicio, en tanto, dio inicio 15 años después, en 1999, al momento en que la compañía pidió el desalojo del terreno, que coincidió con la pavimentación de Sorrento por parte de la Municipalidad con crédito del BID.
Durante todo ese período se dieron varias reuniones que involucraron a las áreas sociales y de vivienda del Municipio, los gobiernos nacional, provincial y el Concejo. Todo con el fin de darle una salida al problema.
Sin embargo, en los encuentros no llegaron a ningún acuerdo y en 2005 se dictó la sentencia de desalojo. La resolución volvió a poner el tema en agenda e hizo que se intensificaran las reuniones.
Producto de ello, en 2009 el por entonces intendente de la ciudad, Miguel Lifschitz, envió al Concejo un proyecto de ordenanza para declarar al predio de “interés público”. Eso fue aprobado al año siguiente.
La idea era que la Legislatura provincial luego tomara el asunto y diera curso a la expropiación –que se realiza por ley– con el fin de desarrollar luego un plan de viviendas para los ocupantes en el lugar. Según mencionaron ayer desde Tribunales, todas las partes involucradas se mostraron en aquel momento de acuerdo con la propuesta.
Incluidos los propietarios de la tierra.
Una vez que el gobierno provincial se hiciera cargo del terreno mediante el pago de una indemnización al privado se podría en marcha un fideicomiso. Las fuentes judiciales mencionaron que los ocupantes se mostraron predispuestos desde un principio a pagar por las parcelas.
Sin embargo, todo lo proyectado se cayó: la Legislatura nunca aprobó la expropiación. Además, la iniciativa ya perdió Estado Parlamentario y debería volver a impulsarse.
El presente
Lo cierto es que Compañía Santafesina de Tierras pidió ahora que se cumpla la sentencia que está firme desde el año 2005.
La firma solicitó hace un mes a la jueza de Circuito de la quinta nominación, Stella Maris Bertune, que fije fecha para realizar el “lanzamiento” y se cite otra vez a funcionarios de la provincia y el municipio para que las familias que viven en ese lugar sean relocalizadas.
La magistrada se hizo eco de la solicitud y dispuso el pasado 10 de noviembre que la restitución del predio se ejecute el 15 de febrero. De todas formas, otorgó una última oportunidad a las autoridades estatales convocándolas para el 15 de diciembre a una audiencia. Y habrá que ver qué es lo que se resuelve allí.
Con todo, en los Tribunales temen por el impacto social que tendría una resolución de este tipo por las elevada cantidad de personas que vive en el asentamiento precario y podría quedar en la calle. Allí residen muchas familias desde hace tiempo, la cuales en buena parte ya construyeron con materiales.
