El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes un estudio de sangre y orina sobre pobladores de las localidades sanjuaninas de Iglesias y Jáchal, próximas a la mina Veladero, para determinar si tienen en sus organismos restos de contaminación.
«Deberá consignarse cuál fue el impacto en la salud que sufrieron y/o sufren» y «para ello, deberán extraerse muestras de sangre y orina de los habitantes del lugar que estén dispuestos a realizar los exámenes, entrevistarse con las personas que viven en dichos sitios a fin de saber si tienen síntomas de afecciones relacionadas con el consumo de mercurio o metales pesados relacionados con la actividad minera, si hicieron consultas médicas, en su caso, dónde y los diagnósticos realizados», dispuso el juez.
El estudio será realizado por la Universidad de Cuyo y la Policía Federal, con el control de la querella «Jáchal no se toca», y es en el marco de la causa en la que ya están procesados ex secretarios de Medio Ambiente, Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi por violación a la ley de glaciares a raíz de la contaminación producto de la actividad de Barrick Gold.
Una antecedente es que la Universidad de Cuyo ya determinó en un análisis de las aguas de la cuenca del río Jáchal y obtuvo niveles de contaminación que superaban ampliamente los parámetros permitidos así como también los valores que surgieron al analizar dichos ríos luego del derrame en Veladero de septiembre de 2015, al cual le sucedieron otros dos similares en los dos últimos años.
Casanello ordenó además un estudio sobre el agua de red y de los pozos utilizados por los pobladores en distintas localidades del Departamento de Iglesias y el de Jáchal para detectar si hay presencia de mercurio, aluminio, manganeso y «demás metales pesados que podrían relacionarse con la actividad minera; así como también detectar, si es posible, la presencia de hipoclorito de sodio».
También analizar tomando diferentes muestras de especies vegetales y animales esos mismos poblados para detectar la presencia de metales cuyos niveles «podrían comprometer la vida animal y vegetal, como así también la salud de las personas que consumen dichas especies».
La medida –justificó el juez– «deviene necesaria ya que las sospechas aquí generadas deben ser despejadas, principalmente, para garantizar el derecho a la salud de las presuntas víctimas y la protección del medio ambiente, así como por el interés por el descubrimiento de la verdad que guía al procedimiento penal».
