La Justicia federal porteña ordenó este martes la detención e indagatoria del juez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y arrestó a dos de sus secretarios y cuatro abogados, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes de la ciudad correntina de Itatí.
Fuentes judiciales informaron que las medidas fueron dispuestas por el juez federal Sergio Torres, quien llamó a indagatoria a su par Soto Dávila, de 72 años, para el jueves próximo, aunque el magistrado continuará libre ya que por el momento tiene fueros.
Los arrestos concretados ayer en las provincias de Corrientes y Chaco fueron los de los secretarios del juzgado federal 1 de Corrientes, Pablo Molina y Federico Grau, y de los abogados Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza, que se suman al del letrado Omar Antonio Serial, detenido en esta causa desde marzo de 2017.
Para que quede detenido el juez Soto Dávila, es preciso que el Consejo de la Magistratura inicie el procedimiento de jury de enjuiciamiento de rigor para quitarle los fueros, explicaron los voceros.
«Debo hacer lo que corresponde: presentarme a la citación que tengo para el día jueves», dijo ayer por la mañana Soto Dávila al programa radial <Corrientes en el Aire>.
«Por supuesto que me voy a presentar, soy una persona íntegra y aparte de eso soy perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente en presentarme y lo voy a hacer», destacó el magistrado, quien aseguró tener «absoluta tranquilidad» sobre su inocencia.
Las fuentes judiciales dijeron que el magistrado correntino fue mencionado por un «arrepentido» como el destinatario del pago de dinero para favorecer causas y dar protección o excarcelaciones a integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana en la provincia. Además, surgieron elementos en su contra y en la del resto de los detenidos de ayer tras el análisis de los entrecruzamientos telefónicos realizados entre el juez y otros implicados durante el desarrollo de la investigación, añadieron los informantes.
En tanto, el ex secretario Molina, de origen chaqueño e hijo de un ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, será trasladado a la Capital Federal para prestar declaración ante el juez Torres, mientras que el resto de los imputados fueron arrestados en Corrientes.
En octubre pasado, fueron apresados en la misma causa el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone, y su hija gendarme, Agustina Faraone, quienes se sumaron al ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y a su ex viceintendente, Fabio Aquino, quienes cayeron en 2017.
La causa del juez Torres
La investigación comenzó en marzo del año pasado con la denominada “Operación Sapukay”, en la que se investigaba el tráfico semanal de 15 toneladas de marihuana provenientes de Paraguay que llegaban a Itatí, Corrientes.
Los pesquisas determinaron que en Itatí actuaban tres subgrupos operativos que acopiaban la marihuana, la embalaban y la distribuían hacia los distintos puntos de venta.
Según el requerimiento de elevación a juicio, las maniobras comenzaron en mayo de 2014 y se determinó que la marihuana provenía en «panes» o «ladrillos» por vía fluvial desde Paraguay.
Luego, la droga era distribuida en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Durante la investigación se estableció que la marihuana era comprada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, de allí trasladada a Itá Cora y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná. Una vez del lado argentino, la banda usaba a niños en edad escolar para descargar las lanchas, luego colocaba la droga en autos y las llevaba a los compradores.
Para el magistrado, la organización estaba dividida en tres células lideradas por Carlos Bareiro, quien estaba preso en el penal de Reconquista y de ahí se sospecha que continuaba dando órdenes a su banda; Federico Sebastián “Morenita” Marín, apresado el 12 de octubre pasado, y el todavía prófugo Luis Alberto Saucedo, alias «El Gordo».
Por su parte, Roger Terán –por entonces jefe comunal de la localidad de 8.000 habitantes– era el encargado de «coordinar la obtención de la droga» y dar protección a los demás integrantes de la banda, al igual que su ex viceintendente que también fue detenido.
