La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes a la tarde la «inmediata detención» del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa, al tiempo que dispuso recaratular la causa en su contra por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.
De esta manera, el expediente pasó nuevamente de «apropiación indebida de tributos» a «defraudación a la administración pública», tal como había reclamado la Afip y la Fiscalía al apelar el cuestionado fallo de la Cámara Federal.
López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.
Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi ahora revirtieron la excarcelación al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es posible entorpecimiento de la causa, y restituyeron la caratula a defraudación contra la administración pública.
Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.
En este sentido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso este viernes el allanamiento de las oficinas de la ex Indalo, hoy denominada grupo Ceibo, así como las de sus nuevos dueños Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre Balestra, en el marco de la causa por la cual se sospecha que Cristóbal López intentó burlar la inhibición general de bienes y vender su empresa.
Los allanamientos tuvieron lugar en Avenida del Libertador 602 piso 3, donde tienen sus oficinas Rosner y Dellatorre, y en Avenida Alem 855, donde funciona el grupo Ceibo, la nueva denominación de Indalo.
