El fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, Javier Arzubi Calvo, solicitó al Juzgado Federal N° 4 de esa jurisdicción que arbitre los medios para que sean relocalizadas un grupo de familias de condiciones socioeconómicas vulnerables que construyeron viviendas precarias bajo dos líneas de alta de tensión en la localidad de Pérez. El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que se desestime la denuncia penal promovida contra esas personas por usurpación y por entorpecer el transporte de energía. Llegó a esa conclusión luego de llevar a cabo un proceso en el que personal del MPF visitó el lugar junto a autoridades provinciales y municipales -con quienes buscó una solución habitacional- y de la empresa concesionaria del transporte de energía eléctrica Transener, conoció a las familias y les informó sobre la situación de peligro.
La fiscalía pidió que se desestime la denuncia que originó las actuaciones, ya que conforme a las constancias de la causa no se advierte la configuración del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, que pena con prisión de tres meses a dos años a quien «sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas», ni en el artículo 181, inciso 1°, del mismo cuerpo legal, que prevé entre seis meses y tres años de prisión a quien «por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes».
En efecto, el fiscal evaluó que «del análisis de los elementos probatorios reunidos hasta el momento, no surge que la presencia de las viviendas en la zona de seguridad que rodea las torres de alta tensión impida, de algún modo, el normal transporte de energía, ni que se vean antorpecidas las tareas de control y mantenimiento de las referidas líneas». En igual sentido, sostuvo que no puede imputarse el delito de usurpación de los terrenos del Estado cuando el propio Estado incumplió la realización de acciones positivas para que esas personas accedan al derecho constitucional y convencional a la vivienda.
«La presencia de estas familias asentadas en viviendas precarias en las inmediaciones de las torres de la empresa Transener SA se debe a la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna debido al estado de necesidad de las mismas generado por el problema habitacional», indicó el fiscal, y citó al jurista Eugenio Zaffaroni para indicar que «se da entonces un estado de necesidad justificante», previsto en el artículo 34 inciso 3 del Código Penal, y «por ello no se puede pedir el respeto a la ley por parte de los autores (…), cuando la omisión del Estado viola la ley y los coloca en una situación de necesidad que no están obligados a tolerar».
El MPF requirió que, previo a desestimar la denuncia, se ponga en conocimiento de manera fehaciente a la Municipalidad de Pérez y a la Secretaria de Vivienda del Gobierno de Santa Fe de los riesgos que corren las personas que allí se encuentran viviendo, pues las viviendas están emplazadas junto a líneas de alta tensión que podrían generar un accidente fatal. Arzubi Calvo solicitó que «se arbitren los medios necesarios para resolver la problemática habitacional de las familias mencionadas» y que “no intervenga personal policial para la resolución de los hechos».
La fiscalía destacó en su dictamen que las familias que allí habitan lo hacen “en condiciones de extrema precariedad y varios de ellos en condiciones de hacinamiento, donde residen en una única habitación familias numerosas, en viviendas que fueron construidas con materiales de chapa, maderas y nylon y pisos de tierra, sin instalación de agua potable en el interior de las viviendas, con baños sin terminar, que en su mayoría son externos a las viviendas».
Durante el trámite de la investigación, Arzubi Calvo dispuso una reunión con el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Rosana Fornasiero; la secretaria de Urbanismo y Vivienda provincial, Estrella Scolari; y la subsecretaria del Ministerio de Seguridad provincial, Jassi Capitanelli, que se celebró el 2 de junio en la sede de la fiscalía. En la reunión, indicó el fiscal, las diferentes reparticiones pusieron a disposición materiales para la construcción de viviendas y se obtuvo «el compromiso de los presentes para la obtención de disponibilidad de terrenos a la mayor brevedad posible para que las familias pudieran construir con los materiales aportados nuevas viviendas».
La fiscalía solicitó además un informe sobre el riesgo que representaban las viviendas debajo de las líneas de alta tensión. Transener informó que la descarga a tierra de energía eléctrica generaría un accidente fatal y ejemplificó que eso podría ocurrir con «voladuras de chapa, el vuelo de un barrilete, o cualquier otro elemento que interfiera en los cables».
Posteriormente, funcionarios de la fiscalía se constituyeron en el lugar junto a personal de Transener y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social municipal. En esa ocasión «se tomó contacto con las familias que allí residen, las que, en forma absolutamente pacífica, se interiorizaron de la problemática planteada y manifestaron su consentimiento para ser reubicados».
Hechos
El 14 de enero pasado, la empresa Transener, firma dedicada al concesionario del servicio de transporte público de energía eléctrica de alta tensión, denunció que se habían construido incipientes y precarias viviendas dentro de dos líneas de alta de tensión de 220 kv. y 500 kv. A raíz de esta denuncia, la fiscalía federal promovió acción penal ante la presunta comisión de delito y dio intervención a la División Operativa Federal Rosario de la Policía Federal Argentina. De esta manera, a través de averiguaciones policiales se confirmó que los terrenos eran propiedad del Estado Nacional y se determinó la existencia de viviendas irregulares en la zona de seguridad del tendido eléctrico de las antenas de 220 kilovoltios
A raíz de la determinación de un potencial peligro para salud de los habitantes de la zona, la fiscalía solicitó al juzgado una serie de medidas para resguardar a la población alojada en la zona. En ese marco, se ordenó a la Agencia de Hábitat de la Ciudad de Pérez y a la Secretaria de Hábitat, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de la provincia de Santa Fe, que en un plazo de 30 días a contar desde la recepción del oficio respectivo procediera a una evaluación de una alternativa habitacional tendiente a la relocalización de las familias que residen en la zona mencionada y medidas para evitar el posterior ingreso de personas. Además, solicitó que los organismos indicados informen resultados respecto a los pedidos y se abstenga de la utilización de la fuerza pública.
Tras ese pedido, en febrero el juzgado le marcó al Ministerio Público que debía determinar concretamente la viabilidad de las intervenciones de los organismos mencionados así como también cómo se encuentra compuesto el grupo de personas o familias respecto de las cuales solicita el desalojo.
Posteriormente, el MPF requirió a la Municipalidad de Pérez un relevamiento de las viviendas y que se proceda a evaluar y determinar alternativas habitacionales para relocalizar a las personas que se encuentran allí viviendo. Además, se le informó a esa dependencia que se encontraba autorizada para coordinar acciones con la Secretaria de Hábitat, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Con estos datos, la fiscalía luego visitó el lugar, conoció a las familias y se reunió con las autoridades municipales y provinciales y de la empresa Transener, lo cual le permitió dictaminar por la desestimación de la denuncia penal y solicitar las medidas necesarias para la relocalización de aquellas personas.
