El juez Juan Andrés Donnola resolvió unificar las querellas en la causa por el homicidio de Jonatan Herrara. El crimen ocurrió en enero de 2015 cuando la víctima lavaba su auto y fue baleado por efectivos de la PAT (Policía de Acción Táctica) y del Comando Radioeléctrico durante una persecución a un presunto ladrón. Cinco uniformados quedaron involucrados en el caso y cuatro de ellos esperan juicio oral. En un primer momento, la pareja y la madre de la víctima se constituyeron como querellantes, pero por desavenencias entre la mayor de las mujeres con los abogados patrocinantes, puntualmente vinculadas a la posibilidad de resolver el caso por juicio abreviado, terminaron por disolver el vínculo, no así con la más joven de las mujeres. Por lo que existen dos querellantes que no tienen las mismas pretensiones. Después de varias idas y vueltas sobre el tema y con la rotunda negativa de las querellas de unificarse, el magistrado dispuso que sea una la querella que represente a los familiares de la víctima en el juicio y fijó un plazo de 48 horas para que se pongan de acuerdo en la forma.
Tras la salida de los abogados Paul Krupnik y Gustavo Felman de la representación de María Elena, madre de Herrera, la discusión sobre la unificación de la querella fue planteada por la Fiscalía a cargo de Adrián Spelta. Los letrados siguieron representando a la pareja y madre del hijo de Herrera, pero María Elena buscó un nuevo cuerpo profesional que la represente ya que hubo diferencias con los abogados sobre el objetivo de su actuación en el proceso. La mujer siempre pregonó el juicio oral y público para los implicados en el caso. La discusión sobre la posibilidad de un abreviado para tres de los cinco imputados en los primeros meses de la investigación fue el detonante.
Desde ese momento, las querellas si bien coinciden en algunos puntos tienen planteos diferentes para algunos de los imputados y presentan una estrategia diferente. Analía Abreu, abogada querellante de María Elena, a modo de ejemplo explicó que mientras ellos acusaron a un policía, el otro patrocinio decidió no llevar a juicio. Además, no estuvieron de acuerdo con el abreviado de Alejandro Gálvez, condenado a 3 años de prisión por abuso de armas. A su vez la otra querella decidió no acusar a los tres policías del Comando Radioeléctrico y la PAT que recogieron vainas encubriendo claramente y entorpeciendo el proceso de una causa de homicidio, refirió.
Abreu explicó que se resolvió la unificación de personería de las querellas. Aceptan las dos querellas pero ordenan de manera arbitraria, intempestiva e incluso inquisidora que cada uno vaya turnándose del modo que elija, o que sea representado por un solo profesional, sostuvo. “Ello ya viene de una exigencia del camarista Alfredo Ivaldi Artacho, también de manera exorbitante y arbitraria, de ordenar la unificación de personería. Incluso la semana pasada, cuando tuvimos audiencia de prórroga de prisión preventiva excepcional arbitrariamente se vuelve a entrometer en este tema y exige o insta, según sus palabras, al juez de primera instancia de resolver la modalidad, ni siquiera da la posibilidad de discutir si se puede o no. Además, es violatorio del principio de lógica de los procesos porque tenemos apelado en la Corte de la provincia un recurso por la no unificación de personería, es decir hace ejecutorio un fallo de segunda instancia que no está firme”, detalló la abogada.
Por su parte, María Elena se quejó de la decisión. La mujer siente que “a Jony lo matan cada día más”, refirió. Siente que esta situación es una manera callarle la boca y concluyó: “Me negaron el derecho, como siempre, de tener mis abogados. No queremos unificarnos porque no tenemos la misma afinidad, no pensamos lo mismo y tenemos diferentes formas de trabajar, por eso vamos a seguir luchando y vamos a apelar, no nos queda otra”.
