La Cámara de Casación de Paraná decidió este martes hacer lugar a un recurso de Casación y dispuso la prisión preventiva efectiva del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, hasta que la sentencia condenatoria por actos de corrupción quede o no firme. El tribunal ordenó que ambos sean alojados en la Unidad Penal 1 de la provincia.
Los abogados defensores de los dos, condenados por delitos de corrupción en la causa denominada como Megajuicio, fueron notificados poco después de las 10 y el Servicio Penitenciario provincial se aprestaba a buscar a Urribarri en el domicilio legal del ex mandatario, en la localidad de Concordia, y el de su familiar, en la capital Paraná.
En abril de 2022, el tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri, entonces embajador argentino en Israel y Chipre, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador. Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos 9 millones de dólares en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales.
Fue el primer funcionario del Gobierno de Alberto Fernández en recibir una pena por corrupción, aunque los hechos investigados se produjeron antes de su asunción como embajador en esa gestión. Urribarri ejerció el Ejecutivo entrerriano entre 2007 y 2015. Durante el juicio, alegó que era “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución. Después de recibir la sentencia, por medio de sus abogados, apeló en libertad la condena ante la Cámara de Casación Penal entrerriana.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull habían solicitado 12 años de prisión. La fiscalía de juicio estuvo encabezada por la procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, pero en diciembre de 2021 fue suspendida de sus funciones en pleno juicio por supuesto mal desempeño, lo que provocó el rechazo de fiscales de todo el país.
Además del embajador Urribarri, otras 12 personas fueron acusadas. Entre ellas, ex funcionarios, familiares y supuestos “testaferros” en empresas privadas contratistas de la gobernación. El tribunal condenó en 2022 al ex ministro de Cultura, Pedro Ángel Báez, a seis años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por los mismos delitos, y con la misma pena al cuñado del ex funcionario público, Aguilera. Los jueces condenaron también a otros cinco acusados a penas más bajas y absolvieron a otros cuatro de los imputados, entre ellos al ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó.
El juicio concentró cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante la gestión de Urribarri. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostuvo que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno del entonces mandatario. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.
El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales aseguraron que a través de gastos de la Gobernación se financió la campaña presidencial de Urribarri.
El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos argentinos que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.
La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los 9 millones de dólares que «traducidos a la actualidad, significan 1.000 millones de pesos”.
El llamado “megajuicio” en Entre Ríos comenzó en septiembre de 2021 y se extendió a lo largo de 50 audiencias.
Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado. Los casos estaban bajo investigación hace alrededor de seis años. En octubre de ese año, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostentaba Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra.
