La Justicia federal asentada en Paraná dictó falta de mérito para seis de los 15 imputados hasta el momento por los incendios en el Humedal del Paraná bajo jurisdicción de Entre Ríos, y absolvió a otro, también dueño de campos incinerados. El fiscal del caso pidió nuevas indagatorias para otras 49 personas, vinculadas a los terrenos prendidos fuego, pero el magistrado subrogante Daniel Casal insiste en que no hay pruebas de intencionalidad como para señalar culpables, y ocupa tiempo en pelearse con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Con el expediente sin avances relevantes en la investigación, otra organización ambiental, esta vez de la ciudad bonaerense de Ramallo, aportó lo que los hombres de toga no encuentran: fotos terrestres y con dron, nombres de empresarios y empresas, matrícula de embarcaciones, delimitación de terrenos y más en el archipiélago de las islas de las Lechiguanas, donde un propietario prepara el terreno con agroquímicos para la siembra justo en el espacio «limpiado» por las llamas. Todas, actividades prohibidas por una medida cautelar y que no entran en el campo visual de los Tribunales, ni en el de la fuerza de seguridad específica –Prefectura– ni en el de las autoridades políticas.
«Al final, sólo bastó con vigilar la tierra arrasada por el fuego. Las noticias de los pescadores encendieron las alarmas. De pronto ya no podían cruzar por el famoso «Zanjón de Gregorio» para alcanzar el arroyo Lechiguanas. Pontones flotantes amarrados con cadenas, un candado y un cartel de «Propiedad Privada» en reemplazo del que indicaba el nombre del canal, lo impedían», interpeló en su cuenta de Facebook el colectivo ambiental Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (Upva) con asiento en Ramallo.
Los integrantes de Upva hicieron el trabajo que corresponde al Estado en todos sus poderes: incursiones en el lugar, búsqueda de testimonio de los habitantes, toma de imágenes. Identificaron a la embarcación que transportó insumos agropecuarios y un mosquito adaptado para fumigar en el territorio de humedales, una chata con la denominación ”Forestargen”, matrícula 02251, que se dirigió hacia los terraplenes construidos islas adentro.
Son los mismos terrenos y la misma intención de explotación agrícola extensiva sobre la que puso la lupa la bióloga e investigadora del Conicet Natalia Morandeira. No ahora, sino desde el 16 de septiembre. Y también con fotos. Invisibles para el juez, lo mismo que las de la maquinaria con las que el ganadero rosarino Enzo Mariani reforzaba terraplenes en territorios que explota y en gran medida usurpa, los del llamado Legado Deliot, ahora Reserva Los Tres Cerros, que es propiedad de la Municipalidad de Rosario. Desde la otra orilla tuvieron que mostrarle las imágenes, a él y a Prefectura, porque «no sabían» ni hicieron nada por saber tras las varias denuncias previas.
Ahora, desde Ramallo, aportan más nombres y fotos. Las tierras en cuestión son explotadas por Fabio Di Fonzo mediante la empresa “El Mapuche SRL”. Son 4.000 hectáreas de islas que se preparan para sembrar previa pampeanización con terraplenes para resguardarlas de las crecidas, a costa de romper con la dinámica propia del Humedal, con cortes de cursos de agua, secado de lagunas y demás intervenciones que impactan en la flora y la fauna. Upva señala que el empresario es el responsable de clausurar el acceso al llamado Zanjón de Gregorio para ocultar sus actividades.
Era fija: primero los diques, después el fuego, y ahora las máquinas rurales llegan al Delta
«Atando cabos, podemos aventurar que los incendios son intencionales y que cumplen la función de desmalezar, para evitar dedicar a ello el costoso trabajo de horas-máquina sobre extensas superficies de territorio , y así dejar disponibles las tierras para la agricultura intensiva». Es, claro, una deducción, no una certeza con fuerza legal. Pero suma a otros fuertes indicios que no consiguen entrar en Tribunales para profundizar la investigación.
“En el expediente penal que yo tramito el intendente Javkin, que es parte querellante, no ha aportado ningún elemento. Él declara que aportó las pruebas. A nuestro expediente no aportó absolutamente nada”, señaló Daniel Alonso, titular del Juzgado Federal 2 de Paraná, en declaraciones a Mitre Rosario. Ni las del rosarino, ni el resto: para la Justicia no hay nada. El colectivo ambiental de Ramallo asegura que ya aportó el material que publica en Facebook.
Dura respuesta de Javkin: «¿Sabrá el juez que en Rosario hay días que no se puede respirar?»
Upva recuerda que sobre el Delta del Paraná rige la medida cautelar que busca proteger a las islas de más daños ambientales, con prohibición de actividades para que, lo que pueda, se vaya recuperando (especialistas del Conicet coincidieron en que algunos ecosistemas necesitarán más de una década para reponerse).
Está todo prohibido, pero detectaron una retroexcavadora haciendo un terraplén en las islas
La medida cautelar fue dictada el 1º de julio mediante un fallo del Juzgado Federal 2 de Paraná a favor de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por los abogados Agostina Castillo y Melisa Martiñena, y la Asociación Civil Foro Medio Ambiental, con el patrocinio de Fabian Maggi, María Viviani y Gustavo Madeira. El amparo ordena “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”. También, instruye a las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura) con jurisdicción sobre Entre Ríos, para que garanticen el cumplimiento de las medidas. Letra muerta.
