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Organizaciones de jubilados, la CGT y movimientos sociales marchan frente al Congreso

La concentración será este miércoles desde las 13 en contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria que establecía una recomposición del 8,1%

Agrupaciones de jubilados, la CGT, el Polo Obrero, organizaciones de izquierda, las CTA y movimientos sociales marcharán este miércoles frente al Congreso de la Nación contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

A partir de las 13 comenzará la convocatoria, mientras que en Diputados se llevará a cabo una sesión especial desde las 11 en la que la oposición intentará revertir la decisión del Ejecutivo.

Piqueteros y sectores sindicales se sumaron a las organizaciones de jubilados que todos los miércoles convocan a concentrarse frente al Anexo del Congreso de la Nación. Esta vez la protesta se realizará en la Plaza Congreso, ubicada sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

Dirigentes sociales, piqueteros y sindicales aseguraron que están dispuestos a desafiar a las fuerzas de seguridad en el caso de que se aplique el protocolo antipiquetes, como sucedió en la marcha anterior. Desde la cartera de Seguridad advirtieron que las fuerzas federales van a desplegar un operativo para evitar el corte de arterias y la circulación vehicular.

El líder del Polo Obrero y referente de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni; el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; y el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, son los principales referentes de esta convocatoria a la que adhirieron las organizaciones nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) entre las que se encuentran el Movimiento Evita, Barrios de Pie, La Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

La ley vetada, que fue sancionada por el Senado el 22 de agosto por dos tercios (con 61 votos positivos y 8 negativos) establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones. Pero diez días después, el 2 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) vetó totalmente la ley.

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